Villalobos dice que la reforma local no ha resuelto, sino que "ha generado problemas que ants no existían"

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha afirmado que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, en su aplicación práctica a la gestión diaria, "no ha resuelto las cuestiones que se pretendían atajar con su redacción, e incluso ha generado, en algún caso, problemas que no existían".

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha afirmado que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, en su aplicación práctica a la gestión diaria, "no ha resuelto las cuestiones que se pretendían atajar con su redacción, e incluso ha generado, en algún caso, problemas que no existían".

Villalobos ha considerado esta norma, impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy hace casi un año, "desacertada", indicando que "las predicciones que muchos municipalistas habíamos hecho en este sentido, están más que confirmadas", según ha destacado en la apertura de las Jornadas sobre la Reforma Local, un foro de formación y análisis, que promueve la Caja Rural del Sur y la propia Diputación, y donde ha estado acompañado por el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, y por el presidente de la entidad bancaria, José Luis García Palacios.

Según Villalobos, es una ley de "objetivos desenfocados, cuyos aspectos negativos predominan sobre los efectos deseados". "Sobre todo, en la medida en que la mayor parte de los ayuntamientos, se han ido adecuando al nuevo marco establecido por el Estado en materia de déficit público, simplemente con la puesta en marcha de la normativa de estabilidad presupuestaria y la de sostenibilidad financiera, formuladas por el propio Estado", señala.

Considera como un dato que ratifica su valoración sobre la Ley el hecho de que la mayoría de las comunidades autónomas hayan ido aprobando, en este periodo, normas de distinto rango "para neutralizarla y garantizar que los ayuntamientos hayan seguido prestando los mismos servicios, desarrollando iguales competencias y realizando las mismas funciones que antes de la puesta en vigor de la Ley".

En lo único que el presidente de la Diputación de Sevilla considera que la Ley ha tenido incidencia positiva es en hacer posible la homogeneización retributiva de los cargos públicos, en función de los criterios de población, así como la racionalización del personal de confianza y de la dedicación exclusiva en diputados y concejales.

"Aunque era algo por lo que los municipalistas ya abogábamos desde hace tiempo y, además, con un tenor que establece límites a los que la mayoría de las corporaciones locales no nos acercábamos ni por asomo, lo que, en definitiva, se ha traducido en un incremento del gasto corriente, cuando el objetivo inicial era su reducción", concluye Villalobos.

La situación actual de la administración local

Según informa la Diputación en un comunicado, este seminario tiene por objeto la reflexión general sobre la situación actual de la Administración Local, desde un carácter formativo y con dos puntos fundamentales en el foco de interés. Por una parte, analiza cuál ha sido la incidencia de la normativa económica del Estado en la Administración Local y, por otra, avanza en el abordaje de los nuevos retos que las administraciones locales tienen pendientes, fundamentalmente en materia de transparencia y buen gobierno.

Durante todo el día se desarrollarán dos ponencias y dos mesas redondas, sobre temas como el control financiero y presupuestario de los municipios y diputaciones andaluzas; el nuevo marco jurídico para los cargos electos, personal eventual y directivos profesionales; buen gobierno y regeneración democrática en el ámbito local o evaluación de la ley, contenidos coordinados por los dos directores académicos de la jornada, Heriberto Asensio, magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA, y Fernando Fernández-Figueroa, secretario general de la Diputación de Sevilla.

Así, recalca que la meta es conseguir unificar los criterios entre los operadores jurídicos, los técnicos que gestionan el día a día de la acción de los vecinos, y los revisores jurisdiccionales, que se encargan de controlar estas decisiones, un equilibrio fundamental para el desarrollo fluido y cotidiano de las administraciones locales y para mantener en los criterios razonables el nivel de satisfacción del ciudadano sobre eficiencia y eficacia de gestión.

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