El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha felicitado este jueves a la Agencia Tributaria, la Policía Nacional y la Guardia Civil por la operación en la que se han incautado de 1.500 kilos de hachís cerca de la desembocadura del río Guadarranque. Así, ha insistido en que el Ejecutivo central "va a hacer la guerra hasta el final contra los narcoembarcaderos en Guadarranque".

Esta operación, desarrollada en una playa de Algeciras (Cádiz) cercana al río y que lleva el juzgado de instrucción de San Roque, continúa abierta y no se descartan más actuaciones, ha especificado Sanz, quien ha incidido en que se trata de una zona "muy sensible y especialmente prioritaria para el Gobierno".

"Es una zona simbólica, donde estamos queriendo actuar de manera clara y prevemos actuar para evitar que sea utilizada como zona navegable por narcotraficantes o contrabandistas de tabaco", ha sostenido en declaraciones a los periodistas en Málaga, donde ha clausurado unas jornadas contra los delitos de odio y discriminación organizadas por la Policía Nacional.

La operación ha permitido la detención de tres personas hasta el momento, la intervención de dos vehículos, que portaban 48 fardos; y una embarcación semirrígida utilizada para transportar la droga.

Los detenidos y los efectos intervenidos han sido puestos a disposición judicial.

Sanz ha insistido en el trabajo coordinado de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y la Agencia Tributaria en este caso y ha recalcado el trabajo conjunto en la lucha contra el narcotráfico.

En los mismos términos se ha referido a otra operación, en este caso de la Guardia Civil, que ha permitido detener a 15 personas en Málaga, Cádiz, Toledo y Madrid y desarticular dos organizaciones delictivas dedicadas a la introducción de grandes cantidades de hachís en España por vía aérea, concretamente mediante helicópteros.

La denominada operación 'Bombardeo' ha desactivado estas dos redes, desde los propietarios de las aeronaves, pilotos e instructores de vuelo, hasta los testaferros, personas que facilitaban carburante de forma ilegal y otros que daban cobertura en tierra y arrendaban las fincas donde ocultaban los helicópteros después de la descarga del estupefaciente. Se ha intervenido cerca de una tonelada de hachís.