Una jueza abre una investigación sobre la gestión de los fondos Jeremie por parte de la Junta

  • Se trata de 185 millones de euros concedidos a empresas entre 2007 y 2013.
  • La Policía Nacional ha detectado presuntas irregularidades en algunas de las beneficiarias, como incumplir el requisito del domicilio social.
  • La Junta defiende su gestión y asegura que ya ha presentado la documentación pertinente en el juzgado.
Imagen de archivo de unos juzgados de Sevilla.
Imagen de archivo de unos juzgados de Sevilla.
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Imagen de archivo de unos juzgados de Sevilla.

Una jueza de Sevilla ha incoado diligencias previas para investigar la gestión que la Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía (Soprea), dependiente de la Junta de Andalucía, realizó de 185 millones de euros de los fondos europeos Jeremie concedidos a distintas empresas entre los años 2007 y 2013.

En este sentido, fuentes judiciales han informado de que ha sido la jueza de Instrucción número 5 de Sevilla la que ha tomado esta decisión después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara recientemente la apertura de una nueva causa para investigar dicha gestión de los fondos Jeremie.

Así, el Ministerio Público elevó un escrito al juez de Instrucción número 16 de Sevilla, que investiga las irregularidades en el caso Invercaria, en el que le pedía que desgajara la investigación sobre los fondos Jeremie de la relativa a Invercaria y remitiera a reparto el atestado elaborado por la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) en relación a dichos fondos.

En este atestado, los agentes de la UDEF llegan a determinadas conclusiones sobre estos fondos a raíz del análisis de las ayudas otorgadas a Kandor Graphics S.L., dedicada a la producción y realización de películas de cine y que recibió cinco millones de euros de los fondos Jeremie.

La Fiscalía también quiere que se indague sobre el hecho de que el responsable del Soprea, Mariano Sánchez Pobre, fuese nombrado al día siguiente de cesar en este organismo como director general de Kandor Graphics.

17 empresas

Los agentes dicen haber localizado en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA) la contestación del Consejo de Gobierno a una pregunta escrita relativa a fondos Jeremie para proyectos empresariales de fecha 16 de septiembre de 2010.

Así, el entonces consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, manifestaba en esta contestación que "con cargo a la iniciativa Jeremie, a fecha 28 de julio de 2010, se habían incentivado 17 proyectos" por importe total de 62 millones de euros, proyectos entre los que se encuentran Kandor Graphics -cinco millones-, Urende -12 millones- o Bogaris Retail 5 -diez millones de financiación "conseguidos en siete días", destacando que su apoderada era la expresidenta de Invercaria Laura Gómiz-.

"Es destacable que de las 17 empresas que aparecen en el listado del referido documento, una es un empresario individual, dos tienen el domicilio social fuera de Andalucía -por lo que no serían seleccionables para el programa Jeremie-, una no tiene inscripciones en el Registro Mercantil desde 2010 y hasta el día de la fecha diez han solicitado concurso de acreedores", asevera la UDEF.

Los agentes, dentro de estas ayudas a 17 empresas, destacan los dos millones de euros concedidos el día 8 de octubre de 2010 a Below Marko S.L., cuyo administrador único era Juan María González Mejías, sobrino del expresidente del Gobierno Felipe González y presidente de Invercaria los meses de junio y julio de 2010.

La Junta defiende su gestión

El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, ha comparecido este jueves a petición del PSOE-A y el PP-A para informar sobre el control y seguimiento de estos fondos. Y ha asegurado que está convencido "del buen uso hecho por la Agencia IDEA en la gestión de las ayudas públicas concedidas a través de los fondos Jeremie".

Sánchez Maldonado ha afirmado que presentó el pasado viernes al juzgado un informe en el que se aclaraban las dudas sobre lo denunciado en el atestado policial.

Según el consejero, la Cámara de Cuentas fiscalizó en 2012 la gestión de estas ayudas y "no encontró la más mínima irregularidad en estos expedientes". Además, ha señalado que todos los proyectos aprobados cumplían la condición de que el domicilio social estuviera en Andalucía. Y que en el momento en el que se aprobaron las operaciones, ninguna empresa beneficiada estaba en crisis.

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