El Ayuntamiento de Madrid se hará cargo de hasta dos recibos impagados de agua, gas o luz para evitar el corte del suministro a los hogares más vulnerables de la capital. Así lo ha afirmado este jueves la teniente de alcalde y delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, durante su exposición de las iniciativas municipales para combatir la pobreza energética en la capital. Higueras ha explicado que están negociando la firma de unos convenios con las empresas suministradoras que permitan llevar a cabo una medida que conllevaría también aplicar de forma inmediata el bono social a las familias afectadas.

La edil de Ahora Madrid ha añadido que además el Consistorio ha solicitado a empresas del sector energético como Iberdrola o Gas Natural Fenosa un descuento del 50% en las facturas para las familias con más dificultades para pagar los suministros básicos. Actualmente el bono social eléctrico que ofrecen cuenta con una bonificiación del 25%, lo que supondría duplicar este descuento.

"No vamos a permitir que ninguna familia madrileña se quede sin luz, gas o agua", ha dicho la teniente de alcalde, que ha agregado que si las empresas no aceptan este descuento el Ayuntamiento asumiría la bonificación adicional en el recibo (25%) que solicita.

En cuanto al número de hogares afectados, la delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo ha desvelado que el año pasado 1.141 hogares de la capital solicitaron ayuda para pagar sus facturas energéticas, lo que supuso unos 277.000 euros para las arcas municipales. Sin embargo, la delegada ha opinado que probablemente haya muchos más que no han acudido a los servicios sociales.

Higueras ha desvelado también que tiene previsto reunirse este jueves con el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, al que le propondrá cambios en el artículo 45 de la ley 24/2013, de 26 de diciembre del sector eléctrico, que regula el bono social. Este bono establece requisitos para acceder a él, como que la potencia contratada sea inferior a los 3 kw, que se trate de un consumidor de 60 años o más y que perciba la pensión mínima, que sean familias numerosas o que todos los miembros de la unidad familiar estén en paro. "Creemos que el actual bono social no está llegando realmente a la población que lo necesita", ha manifestado la edil, que ha indicado que, por ejemplo, esa potencia suele contratarse en las segundas residencias.

Higuera solicitará al ministro modificaciones sustanciales en la normativa. Esos cambios incluirían que los servicios sociales pudieran decretar lo que se ha denominado como hogares vulnerables, es decir: en los que el consumo energético supere el 10% de la renta o se perciba la renta mínima de inserción, un subsidio que oscila entre los 375,55 y los 532, 51 euros en la región y representa la última red del sistema de protección social.

Una vez que sea declarado hogar vulnerable, esa unidad familiar podría acceder a una tarifa social en el consumo energético de carácter progresivo, es decir, que pagaría más o menos en función de sus ingresos. En casos de pobreza extrema se podría llegar al abono del 100% de la tarifa. La financiación correría a cargo del fondo de contingencia de los Presupuestos Generales del Estado, o mediante una ampliación de la partida actual del bono social. La última propuesta pasa por un plan de asesoramiento para reducir las facturas de luz, gas y agua con el fin de promover cambios en los hábitos de consumo.