Protesta vecinal
Más de 1.500 vecinos de Villaverde y Usera se manifestaron en contra de la construcción de un crematorio en su zona. Kike Rincón / Madridiario

Más de 1.500 vecinos de Villaverde y Usera se manifestaron el pasado 6 de octubre contra la construcción de un crematorio en el número 36 de la Avenida Los Rosales, justo en el límite entre ambos distritos. Dos días después, presentaron en el Ayuntamiento de Madrid unas 15.000 alegaciones contra el proyecto de Parcesa Parques de la Paz, la empresa propietaria del Tanatorio de la M-40, que es la segunda vez que intenta construir esta polemica instalación tras su intento fallido en 2002. "Estamos en contra de un equipamiento que va a generar malos olores y emisiones nocivas al aire del entorno”, señalan los afectatos. La movilización contra el crematorio es la última gran demostración de fuerza del movimiento vecinal. 

"El movimiento vecinal es la sangre de la ciudad. Son las personas que luchan semana tras semana para que sus barrios sean lugares más habitables. Como yo digo, es como una navaja suiza, porque sirve para todo. No hay reivindicación justa por la que no se luche. Madrid suma ya 40 años de luchando por los derechos de sus vecinos", afirma a 20minutos Enrique Villalobos, presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (Fravm).

Sin embargo, los vecinos de la región tienen aún decenas de reivindicaciones pendientes, algunas de ellas históricas, para intentar mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Madrid. "Hay muchas cosas pendientes. Siguen existiendo problemas estructurales importantes en los equipamientos públicos. Distritos como Vicálvaro, Carabanchel, Villaverde o Villa de Vallecas están pendientes de dotaciones educativas desde hace años. También hay que mejorar mucho el servicio del transporte, tanto el metro como el autobús, y solucionar los enormes problemas de seguridad y de limpieza que padecen muchos barrios. La elevada contaminación es otro de los temas que más nos preocupan", asegura Villalobos.

En estos últimos años, ha habido sonadas victorias de la lucha vecinal, como la eliminación de parquímetros, la retirada de la tasa de basuras o el rechazo a la construcción de Eurovegas en Alcorcón, pero también algunas derrotas. La más amarga, la imposibilidad de impedir la venta de viviendas públicas a fondos buitre. "Es una de las grandes injusticias que hemos sufrido. No logramos convencer en masa a la gente para evitar que las personas más desfavorecidas perdiesen su casa. Eso está, sin duda, en el debe de la ciudad", lamenta el presidente de la Fravm.

Principales reivindicaciones pendientes

  • Vertedero de Valdemingómez. Los casi 40.000 vecinos del Ensanche de Vallecas siguen sufriendo los malos olores a basura, aceite, biogás o ceniza procedentes del denominado Parque Tecnológico de Valdemingómez, que recibe y trata alrededor de 4.000 toneladas de residuos al día procedentes de la capital. El olor también ha afectado a vecinos de Rivas y Perales del Río (Getafe).

  • Colonia Experimental. En medio de Villaverde Alto se levanta la Colonia Experimental. En 1957, la Obra Sindical del Hogar franquista construyó estos 28 bloques de 408 viviendas. "Desde entonces no se ha reformado nada. Se han convertido en infraviviendas peligrosas para los que vivimos en ellas y para los ciudadanos que pasen por allí", denuncia Julián Sánchez, presidente de la AA VV La Incolora. Los vecinos se quejan de humedades, malos olores y grietas en los edificios: "Se han convertido en infraviviendas peligrosas". En junio de 2005 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid condenó al Gobierno regional a arreglar las deficiencias existentes en seis bloques de viviendas, pero solo ha arreglado uno.

  • Deuda de los planes de rehabilitación. La Comunidad de Madrid tiene cuentas pendientes con unas 25.000 familias de la región, en algunos casos desde el año 2001. El Gobierno regional les debe un total de 95 millones de euros por la concesión de ayudas para la rehabilitación de sus casas. En Madrid capital, hay numerosas zonas afectadas, destacando Antonio López, Virgen de Begoña, Entrevías, Batán, Sandi, Nuestra Señora de Lourdes, San Ignacio de Loyola, Los Pinos de San Agustín, Ciudad de los Ángeles o Ciudad Pegaso. En el resto de la región, familias del polígono Puerta de Madrid y Reyes Católicos (Alcalá), barrio San José y centro (Torrejón), barrio Estación (Coslada), Parque Coruña (Villalba) o centro histórico de Navalcarnero y Aranjuez también siguen esperando recibir su dinero.

  • Operación Calderón. Las asociaciones de vecinos de Arganzuela se han manifestado en contra de un proyecto que, según ellos, planea construir un "Manhattan" en Arganzuela: más de 2.000 viviendas libres para un distrito con 154.000 vecinos donde hace falta, al menos, "un instituto, una biblioteca, un centro de salud, un polideportivo y un centro social", según un portavoz vecinal. "Crea una zona densamente urbanizada en un área en la que faltan recursos, lo que saturará aún más los servicios públicos, y hará aumentar el tráfico en la zona", añade el mismo portavoz. La operación se encuentra paralizada cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por permitir la construcción de edificaciones de más de tres alturas.

  • Operación Campamento. Vecinos, colectivos sociales y organizaciones ecologistas de los barrios de Batán, Aluche, Campamento y Las Águilas se han organizado para plantar cara al megaproyecto del magnate chino Wang Jialin, dueño del Edificio España, y han calificado la operación de "insostenible en términos económicos, sociales y medioambientales". Reclaman para la zona "polideportivos, centros de salud y residencias para mayores, no un pelotazo urbanístico". Jialin, que también posee el 20% de las acciones del Atlético de Madrid, pretende levantar un desarrollo con más de 10.000 viviendas, hoteles, centros comerciales y de ocio en los terrenos de los antiguos cuarteles de la autovía de Extremadura.

  • Operación Chamartin. El objetivo de los promotores de la operación (el Ayuntamiento de Madrid, Renfe, Adif y la entidad Desarrollo Urbanístico Chamartín) es convertir el tramo norte de la Castellana en un barrio financiero, al estilo de La Defense parisina o el Canary Warf londinense. Para ello, se prevé soterrar las vías y la estación de Chamartín, con lo que se dejarían parcelas libres para construir edificios de viviendas y de oficinas. Concretamente, se planean 17.000 pisos (de los cuales, el 10% serían protegidos). Los vecinos se oponen debido a que la operación está enfocada a la construcción de viviendas y las dotaciones públicas brillan por su ausencia.

  • UVA de Hortaleza. Esta Unidad Vecinal de Absorción se construyó en 1963 para acoger a los desalojados de los poblados de Ventas y La Elipa, que obstaculizaban la construcción de la M-30. El proyecto es hoy una explanada de infraviviendas que convive junto a edificios nuevos. La Comunidad prometió en 1994 que las derribaría y que entregaría casas nuevas a casi 1.200 personas, de las que solo la mitad han visto cumplido su sueño.

  • Declaración del Centro zona APR. Asociaciones vecinales del distrito Centro llevan años reclamando que todos los barrios de la zona sean considerados como Área de Prioridad Residencial (APR). Actualmente hay cuatro zonas declaradas APR: Cortes (2004), Las Letras (2005), Embajadores (2006) y Ópera (2015). En estas zonas se permite el paso a los vehículos de residentes, motos y vehículos comerciales, estos dos últimos con horarios restringidos.

  • Déficit de guarderías, colegios e institutos. Los vecinos de Villaverde, Arganzuela, Barajas, San Blas o Vicálvaro llevan años denunciando la carencia de centros educativos públicos en sus zonas. En los nuevos desarrollos urbanísticos como Pau de Vallecas, Valdebebas, Montecarmelo, Sanchinarro o Las Tablas también sufren este déficit. Fuera de la capital, barrios de Getafe, Majadahonda y Parla, entre otros, presentan la misma carencia.

  • Cementera Portland. Los vecinos del término municipal de Morata de Tajuña han pedido la revocación del permiso que la Comunidad de Madrid dio a la empresa para producir energía mediante la quema de plástico, madera, restos de podas y restos animales y vegetales en mayo de 2013. Desde entonces, y según los datos ofrecidos por el propio Ayuntamiento, la cementera ha multiplicado sus emisiones tóxicas (especialmente, las de dioxinas y furanos). La Consejería de Medio Ambiente negó la revocación porque los niveles contaminantes permanecen por debajo de los límites legales. El conflicto ha llegado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que aún no se ha pronunciado sobre el caso.

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