La Diputación de Sevilla, presidida por Fernando Rodríguez Villalobos, ha anunciado la celebración de un pleno extraordinario sobre las sociedades, consorcios y entidades dependientes para mostrar la transparencia en el funcionamiento de unas entidades "al servicio del ciudadano" y frente a las "tendenciosas" críticas políticas realizadas en este asunto por la oposición basándose "en medias verdades o mentiras para dañar" las sociedades.

Así, para aclarar esa situación, la portavoz socialista en la Diputación, Trinidad Argota, ha indicado a Europa Press que se celebrará a final de mes este pleno que había sido solicitado por PP y C's para "atajar" este asunto. "Vamos a decir una y otra vez, como ya lo hemos hecho, que nuestras sociedades están al servicio de los municipios, siendo procuradoras de servicio y no inversoras", añade, recordando que están bien valoradas en diversos ámbitos por la ciudadanía.

En este sentido, muestra su sorpresa por las críticas de los grupos políticos que están representados con consejeros en cada una de esas sociedades, incidiendo en su "desconocimiento de la labor que desarrollan en la provincia" de acuerdo a sus declaraciones.

En concreto, se refiere al PP y a su portavoz en la Diputación, Virginia Pérez, que "ella misma ha firmado cada una de las cuentas que se han presentado, unas cuentas evidentemente auditadas interna y externamente". "Por tanto, hay una fiscalización directa conocida por los consejeros", matiza.

Además, lamenta que se esté poniendo "en solfa continuamente unas sociedades con datos que suponen medias verdades o falsedades". Como ejemplo de ello pone a Sevilla Activa, donde uno de sus objetos sociales es la construcción de vivienda. "Hay que tener los ojos muy tapados para no ver que esta ocurriendo en este ámbito en el país", insiste.

Al hilo de esto, detalla que según los datos aportados por la oposición cada vivienda saldría a 400.000 euros, que salen de sumar el presupuesto de la entidad desde su creación en 1998 y dividirlo entre el número de viviendas construidas. Frente a esto, explica que la sociedad comenzó a construir en 2003, que se han realizado 728 viviendas y que cada una de ellas cuesta 60.000 euros, por lo que considera los datos aportados por el PP como "tendenciosos y con el objetivo muy claro de dañar las sociedades y cargárselas".