La alcaldesa de Torre Pacheco, Josefa Marín Otón, ha sido imputada por un presunto delito de prevaricación administrativa, acusada de supuestas irregularidades en la contratación de una interventora municipal, según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación.

En concreto, la alcaldesa acudió este miércoles a declarar al Juzgado número 5 de San Javier tras la denuncia de un trabajador del Ayuntamiento.

En declaraciones a Europa Press, el abogado de la alcaldesa, José María Caballero, ha señalado que la alcaldesa ha sido imputada solo como un formalismo para ir a prestar declaración, y ha criticado que haya quien quiera aprovechar esta circunstancia. Se trata, afirma, de "quienes están esperando este tipo de carnaza".

El letrado ha negado "rotundamente" que la alcaldesa no siguiera ningún procedimiento en la contratación ya que ella, como alcaldesa, "no tiene ninguna obligación de seguir ningún procedimiento, puesto que es técnico administrativo, y hay un secretario que se encarga de la tramitación jurídica del procedimiento".

"La alcaldesa se auxilia por sus técnicos en este tipo de cuestiones jurídicas", según Caballero. En este caso, se auxilió en el secretario, "que no decimos que tenga responsabilidad alguna, porque se ha hecho este nombramiento así más de 20 veces y nadie, ni siquiera la Comunidad Autónoma, ha dado cuenta de este punto".

Caballero insiste en que el procedimiento se ha hecho "igual más de 20 veces para el mismo nombramiento". Asimismo, recuerda que, cuando sucedieron los hechos, Marín ni siquiera era alcaldesa electa sino que estaba sustituyendo de forma interina unos meses al ex alcalde, Daniel García Madrid, tras su cese.

En esas circunstancias, la alcaldesa fue informada de que el entonces interventor había sido cesado e inició las gestiones para cubrir la baja, y se hizo "exactamente igual que se ha cubierto las veces anteriores".

Por ello, ha negado que se trate de una contratación "a dedo" por la que ha sido acusada a manos de los "palmeros y cobardes que se dedican a hacer este tipo de gracias". En este sentido, ha anunciado medidas judiciales contra quienes la han acusado. "Alguien tendrá que responder de las gracias, individualizaremos lo que ha dicho cada uno", ha advertido.

"La alcaldesa es político, y el expediente se tramita primero jurídicamente porque tiene obligación de realizarlo en las condiciones oportunas", ha defendido Caballero.

Asimismo, critica que la denuncia omite que la Comunidad Autónoma "convalidó y dio el visto bueno a todo lo que se había hecho, porque no se había saltado el procedimiento de forma grosera y borda que requiere la prevaricación, sino que era un trámite subsanable, como luego se subsanó de inmediato, tan pronto se puso de manifiesto la posible existencia de esa omisión".

"Es un trámite consultivo que siempre se ha hecho así, y no es un trámite esencial en el procedimiento", según Caballero, quien recuerda que el nombramiento "se notificó y se dio por convalidado todo por la Comunidad". "Lo que no se gana en las urnas se quiere ganar en los juzgados", lamenta el abogado.