Mariano Rajoy carga el cuidado de su padre al presupuesto de La Moncloa

  • El padre del presidente, Mariano Rajoy Sobredo, vive en Mocloa y recibe asistencia día y noche a cargo de dos personas contratadas por Presdencia.
  • Los cuidados del enfermo, de 95 años, se alejan de los servicios estrictamente sanitarios a los que tiene derecho el presidente del Gobierno.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Palacio de la Moncloa.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Palacio de la Moncloa.
Sergio Barrenechea  / EFE
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Palacio de la Moncloa.

Entre los gastos que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, carga al presupuesto de La Moncloa, está el cuidado y acompañamiento 24 horas de su padre, según informa eldiario.es.

Mariano Rajoy Sobredo, padre del presidente y juez jubilado de 95 años, se trasladó al palacio de La Moncloa poco después de la llegada de su hijo al poder. Según informa el medio, su salud empeoró tras una operación de cadera el año pasado, y un ictus obligó a su ingreso hospitalario en La Paz de Madrid.

En un primer momento, los servicios médicos de Moncloa entraron en contacto con una empresa externa para la realización del servicio, que presupuestó el trabajo en unos 5.000 euros mensuales.

Finalmente el gabinete de Rajoy prefirió no firmar el contrato con la empresa externa, y poner a sueldo a dos personas, un hombre y una mujer, que se turnan para el cuidado de Mariano Rajoy padre.

El padre de Zapatero también residió puntualmente en La Moncloa

José Luis Rodriguez Zapatero también compartió el palacio con su progenitor. En su caso, los servicios médicos tuvieron que intervenir a causa de un complicado proceso infeccioso, una urgencia.

Hasta la llegada de Rajoy, los servicios médicos de Presidencia nunca se han hecho cargo de personas dependientes, ya que la Ley General de Sanidad no contempla la atención a personas dependientes.

Con este motivo, el Gobierno de Zapatero aprobó en 2006 la ley de Dependencia, cuyos recortes han generado que las comunidades autónomas dejaran de recibir entre 2012 y 2014 un total de 1.409 millones de euros, según denuncia en un informe la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.

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