La Sindicatura de Comptes ha calculado en un informe que la Generalitat Valenciana necesitará 114,6 millones de euros anuales adicionales para el presupuesto de la Ley de Dependencia, una cifra que ha estimado la institución ya que la Conselleria de Bienestar Social no dispone de una memoria económica que cuantifique sus necesidades presupuestarias adicionales. En este documento, ha resaltado además que el esfuerzo económico de la Comunitat por beneficiario de estas subvenciones es "superior" a la media nacional.

Las conclusiones de la entidad se incluyen en el informe 'Para una mejor gestión en el reconocimiento de la dependencia: Auditoría operativa sobre la ordenación y prestaciones de la dependencia', que evalúa con criterios de eficiencia, eficacia y economía el Programa de Ordenación y Prestaciones de la Dependencia, que contó en 2014 con un presupuesto de 128,83 millones de euros, lo que representa el 18,3 por ciento del total de Bienestar Social.

Así, el estudio analiza el nivel de implantación de la Ley de Dependencia en la Comunitat, donde de los 96.610 reconocimientos de dependencia solicitados, se han emitido 93.075 dictámenes que han dado lugar a 54.810 personas beneficiarias con derecho a prestación, según ha informado la institución en un comunicado. A fecha de 31 de octubre de 2014, 12.816 personas con derecho a prestación se encontraban pendientes de su concesión, lo que, no obstante, supone un 56,9 por ciento menos que tres años antes.

Como conclusión, ha extraído que sería necesario dotar a la Conselleria de un crédito presupuestario anual adicional de 114,6 millones de euros, mientras que ha destacado que en 2014 se reconocieron obligaciones por prestaciones económicas por 123,8 millones. Además, ha subrayado que el esfuerzo económico de la Comunitat por beneficiario es superior a la media nacional, con 11.639 euros frente a 9.664, según datos de diciembre de 2012.

En relación a los recursos financieros necesarios para atender las prestaciones a dependientes, la Sindicatura ha explicado que, una vez que la Conselleria haya resuelto la totalidad de las solicitudes, "la Generalitat tendrá que hacer frente al pago de un volumen significativo de prestaciones económicas, así como a la prestación de servicios".

Se incumple el plazo de respuesta en el 82%

En consecuencia, esta institución ha abogado por la necesidad de adoptar las medidas necesarias para "agilizar" el procedimiento actual de reconocimiento de la situación de dependencia, ya que en el 82 % de los expedientes analizados se incumple el plazo de seis meses para dar respuesta a la solicitud.

Esto supone, según la Sindicatura, "incurrir en un plazo excesivo por la complejidad del procedimiento, que, sin embargo, se ha ido reduciendo en los últimos ejercicios". "Lo mismo ha ocurrido con el plazo de pago de las obligaciones reconocidas", ha apuntado, que ha situado en 14 días, con una reducción de 71 días respecto a 2012.