Francisco García tiene 70 años y problemas de oído desde hace varios lustros. Por ese motivo, este viudo vecino de Javalí Nuevo, una pedanía de Murcia, pidió en 2004 un préstamo de 15.000 euros. "Quería comprarse un sonotone y arreglar la cocina", ha explicado este miércoles a 20minutos su yerno, Antonio Ortega, después de que la familia haya logrado, apoyados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Murcia (PAH), paralizar por sexta vez el desahucio de su vivienda.

"Iba a venir la comisión judicial. A él le hemos mandado a casa de su otro hijo, porque está delicado del corazón. Ya le dio un infarto hace cinco años, en medio de otro intento de desalojo", explica su yerno, que aclara que la deuda de Francisco asciende ahora a 200.000 euros. 

"Él pidió el crédito pensando que era un banco, pero resultó ser un prestamista. Puso su casa como aval y ahora se la reclaman. Y también la nuestra, que está en el patio de atrás de su casa y no está escriturada", cuenta el yerno.

Seis personas afectadas

Construir en la propiedad de un padre, un abuelo o un suegro es algo muy habitual en las grandes parcelas de las zonas rurales. Muchas de esas casas, legales y con permiso de obra, terminan no escriturándose nunca porque están dentro de una propiedad familiar.

En ese caso se encuentra Francisco, que presentó la escritura de su casa como aval, pero también su hija Loli  (37 años), su yerno (42 años) y sus tres nietos, de edades comprendidas entre los 11 y los 24 años, y que viven en otra casa independiente pero en la misma parcela cuya escritura fue puesta como aval.

"El prestamista ha inicado dos procesos independientes. El nuestro lo lleva otro juzgado, pero ya han venido siete veces a echarnos", aclara Antonio. Los afectados, seis en total, están "ahora algo más tranquilos", cuenta, "pero lo pasas mal esperando que llegue la comisión".

Este miércoles, finalmente, no han aparecido. "Lo han paralizado desde el propio juzgado en el último momento".

El motivo, según Antonio, es que Francisco, que "ha denunciado judicialmente la prestamista para anular los contratos" depositó el 3 de septiembre una fianza de 10.000 euros en el juzgado y está a la espera de que se fije la fecha del juicio.

El anciano, con el este diario no ha podido hablar porque "no oye bien y menos por teléfono" confía en poder ganar finalmente al especulador que lleva diez años intentando quitarle su casa y ha multiplicado por 14 el importe inicial del préstamo que realizó al anciano.