Las defensas de los acusados por narcotráfico, entre ellos cinco guardias civiles, han pedido al Tribunal que juzga el caso la nulidad de todo el procedimiento por vulneración de derechos fundamentales, que basan en supuestas irregularidades en las intervenciones telefónicas, registros y vigilancias llevados a cabo durante las investigaciones.

La Sección Segunda de la Audiencia de Málaga ha acogido este miércoles una sesión en la que los abogados de los procesados han expuesto las cuestiones previas al juicio, que tiene previsto continuar el próximo día 9 de noviembre con la declaración de los acusados. El fiscal ha asegurado que "no existe violación alguna del derecho fundamental de nadie".

Al inicio de la sesión, una defensa ha puesto en conocimiento de la Sala que había tenido información del fallecimiento de su cliente, lo que ha sido comprobado por el Tribunal. No obstante, tendrá que aportarse un certificado de defunción, tras lo que se dictará un auto de archivo respecto del acusado por extinción de la responsabilidad penal.

En sus cuestiones previas, los abogados han denunciado que se ocultaron datos "importantes" y que no se han incorporado a este caso todas las investigaciones realizadas para poder analizarlas. También han señalado que el origen de la causa fue otra investigación y que la competencia del caso debería haber sido de un juzgado distinto al que finalmente lo llevó, lo que supone una "nulidad radical".

Han considerado que se han limitado derechos fundamentales y se les ha causado indefensión, además de que los escritos de acusación tienen falta de concreción. Los abogados han señalado que las primeras investigaciones se basan en informaciones "erróneas" y en "conjeturas"; de hecho, la defensa de uno de los principales acusados ha dicho que la acusación se basa en "denuncias sin contrastar".

Por su parte, el fiscal ha discrepado de las nulidades expresadas por los letrados de los acusados y ha precisado que las diligencias de investigación fueron todas realizadas con sus correspondientes autorizaciones motivadas, por lo que la instrucción "ha sido realizada conforme a derecho" y considera que debe darse validez a la misma.

El Tribunal deliberará sobre los argumentos expuestos por las defensas y resolverá mediante una resolución respecto de las peticiones realizadas y estas cuestiones previas, si es posible con carácter previo; aunque si hay alguna cuestión que se entienda muy relacionada con la posterior valoración de la prueba, se hará en sentencia.

La Audiencia enjuicia a 35 personas. Inicialmente hay seis guardias civiles procesados, pero uno de los agentes, perteneciente al Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA), no será juzgado ya que la pasada semana fue declarado en rebeldía por el Tribunal, después de que se decretara su busca y captura nacional e internacional en septiembre y no haya ha sido localizado.

La Fiscalía acusa por los delitos de encubrimiento, revelación de secreto, robo, proposición para cometer tráfico de drogas, contra la salud pública, blanqueo y cohecho, entre otros. Están procesados un teniente de la Guardia Civil, exjefe del EDOA; y otros tres agentes. También estaba el agente fugado, al que el fiscal asignaba la categoría de sargento.

En su escrito provisional, al que tuvo acceso Europa Press y en el que se exponen 16 hechos delictivos, el fiscal describe varias operaciones contra el narcotráfico en Málaga y en Marbella, en las que habrían tenido alguna participación los dos exresponsables del instituto armado y varios presuntos narcotraficantes, también acusados.

En algunos casos, según se desprende de las intervenciones telefónicas —y consta en la calificación del ministerio público—, contactaban con personas que iban a robar alijos de drogas y habrían acordado un operativo para que esos contactos se quedaran con parte del cargamento.

Además, según la Fiscalía, los agentes colaboraban con personas vinculadas supuestamente a redes que introducían droga desde Marruecos, dando "cobertura y seguridad"; mientras que respecto al teniente, señala que tenía contactos con confidentes y lo acusa de que supuestamente les avisaba de investigaciones de otros cuerpos.

La acusación popular, en representación de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), personada por primera vez en una causa contra miembros de la institución, acusa, además, a un capitán de la Guardia Civil, al que, sin embargo, no incluye la Fiscalía. Esa parte considera en su calificación inicial que este procesado habría tenido participación supuestamente irregular en una operación de droga.

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