El presidente del Grupo Parlamentario del PSOE-A y portavoz, Mario Jiménez, ha presentado este miércoles la Proposición no de Ley que su partido ha presentado en el Parlamento andaluz para pedir cambios legislativos y una serie de medidas de apoyo a las más de 300.000 familias que hay en toda España con bebés robados.

Tras reunirse con diversas asociaciones provinciales de bebés robados, Jiménez ha reclamado que se atienda a las familias que sufren este "calvario" con Justicia y ha reclamado el "respaldo del Estado" para estas familias que "tienen que tener la consideración de víctimas y, por ello, acceder de forma gratuita a la Justicia".

Además, ha expuesto que hay una "sombra de sospecha de que PP está jugando desde el Gobierno a que el manto de silencio" que ha cubierto todo este asunto "siga sin esclarecerse" y ha defendido que es "imprescindible" que el Estado ponga una serie de medidas del lado de las familias.

Entre los aspectos más destacados de la iniciativa sería que la cámara andaluza inste al Gobierno central a impulsar las medidas legales precisas para que los delitos relacionados con la trama del robo de bebés sean tipificados como delitos de lesa humanidad, y por tanto, adquieran la condición de imprescriptibles.

La proposición no de ley quiere que el Parlamento de Andalucía manifieste su solidaridad y apoyo a todos los afectados y que se promuevan ante la Junta una serie de medidas que protejan especialmente a quienes hayan sufrido la sustracción y adopción ilegal de bebés abriendo nuevas líneas de atención a los afectados en los Servicios de Atención a victimas de delitos en Andalucía.

También se reclaman medidas destinadas al esclarecimiento e investigación de las denuncias y adopciones de bebés robados dentro de los límites legales y competenciales; o mecanismos de colaboración con el Ministerio Fiscal y con los órganos jurisdiccionales, para impulsar la investigación de estos hechos.

Para elevar al Gobierno central, se pide apoyo a la creación de una Mesa Permanente de Trabajo con representación de las diferentes administraciones públicas implicadas y de las asociaciones de afectados o se reordene la actual Oficina de atención a los afectados por casos de bebés robados, creada en el seno del Ministerio de Justicia, a fin de dotarla de operatividad y funciones reales.

Asimismo, se propone impulsar las reformas legales y reglamentarias necesarias para la creación de una sección especializada en la Fiscalía General del Estado que permita investigar coordinadamente los hechos que presenten indicios de ser constitutivos de alguno de los delitos relacionados con el robo de bebés, se cree una unidad policial especializada en la resolución de estos casos, se finalice la base de datos sobre identificadores de ADN, creada en el seno del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses o se cree una Comisión de la Verdad en relación con los supuestos robos y una Comisión Nacional de Desaparecidos, entre otras medidas.

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