El pleno de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) ha aprobado este miércoles por unanimidad una moción de Chunta Aragonesista, enmendada por el PSOE, por la que la institución se compromete a apoyar y colaborar con los municipios que se adhieran al plan de acogida de refugiados sirios que pondrá en marcha el Gobierno aragonés.

Asimismo, en la sesión los diputados provinciales han expresado su respaldo "sin fisuras", mediante una moción del grupo En Común que ha salido por unanimidad, a los trabajadores de las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) en sus reivindicaciones.

También se ha aprobado el plan de inversiones en infraestructuras y equipamientos de los barrios rurales de los municipios de la provincia, en el ejercicio 2015, que contempla 555.000 euros para ejecutar 33 obras en 25 localidades zaragozanas.

En declaraciones a los medios de comunicación, el presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, ha subrayado que la institución "estará a la altura de las exigencias" a la hora de colaborar en el dispositivo para recibir a refugiados y ha recordado que ya "estamos en coordinación" con el Gobierno de Aragón para actuar una vez que esté diseñado el protocolo de acogida.

Asimismo, "hemos colaborado con el Ejecutivo aragonés para hacer un banco de recursos tanto de vivienda pública como de profesionales" que pudieran atender a estas personas, entre los que ha mencionado psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales o traductores.

El objetivo "es que la gente que venga a la provincia esté en las mismas condiciones que nosotros" y para conseguirlo "la DPZ colaborará con los municipios", ha garantizado.

Se juegan la vida

El portavoz de CHA, Bizén Fuster, ha afirmado que necesitan apoyo tanto los refugiados políticos, que llegan de países como Siria, "como los refugiados económicos", procedentes de "países subsaharianos o de otros puntos del mundo", porque "en ambos casos se están jugando la vida y tienen derecho a un futuro mejor".

Fuster ha advertido de que en España "deberíamos tener una sensibilidad muy especial" dado que no hace mucho, debido a la Guerra Civil, "hemos sido país emisor de refugiados", ha alegado, para desear que la DPZ exprese su solidaridad con estas personas, rechace actitudes "insolidarias" y colabore con los municipios que se adhieran al protocolo de acogida.

El diputado del PP, Francisco Artajona, ha manifestado que es "una obligación, un deber político, ético y moral" atender a estas personas y ha defendido la actuación del Gobierno de España en esta crisis. Ha propuesto "ir más allá" y crear una partida para ayudar directamente a los ayuntamientos en la acogida. También ha sugerido poner a su disposición las instalaciones de la Residencia Escolar Pignatelli.

El portavoz de En Común, José Ángel Miramón, ha incidido en la raíz de este tipo de conflictos que se encuentra en las intervenciones de occidente en estos países en los que, con el argumento de llevar la democracia, "se lleva muerte, desolación, estados fallidos" y se incentiva el terrorismo. Ha emplazado a actuar contra este "grave problema humanitario".

La portavoz de Ciudadanos (C's), Elena Martínez, ha llamado a ser solidarios con quienes "se ven obligados a abandonar sus casas de forma forzosa". Ha comentado que, además, en Aragón la llegada de refugiados "no se debe ver como un problema, sino como una oportunidad" para muchos municipios despoblados.

El portavoz del PAR, José Antonio Sanmiguel, ha indicado que su grupo parlamentario en las Cortes de Aragón ya defendió en septiembre una propuesta "muy similar" a ésta y en la que pedían coordinación a las Administraciones, por lo que "estoy totalmente de acuerdo" con la moción de CHA.

BRIF

Por otra parte, el pleno ha aprobado también por unanimidad una moción de En Común en apoyo a los trabajadores de la BRIF, especialmente a los que operan desde Daroca. El portavoz de este grupo, José Ángel Miramón, ha recordado que estos profesionales se encuentran inmersos en un conflicto laboral con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la empresa Tragsa y ha llamado a respaldar sus reivindicaciones para que se preste un servicio en condiciones durante todo el año.

Los portavoces del resto de grupos han reconocido la labor de estos profesionales y han expresado su apoyo a sus "justas reivindicaciones", mientras que el presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, ha remarcado que desde el equipo de gobierno socialista "apoyamos sin fisuras" a los trabajadores de las BRIF.

Ha detallado que han presentado una enmienda al texto para que se sugiera al Ministerio de Agricultura que tenga en cuenta las peticiones de los profesionales, en lugar de instarle a hacerlo, dado que "entendemos que el pleno de la DPZ no se puede convertir en un órgano de representación", papel que cumplen el Comité de Empresa y los sindicatos.

En todo caso, "queremos que el pleno apoye a los trabajadores de la BRIF que están en primera línea de fuego, en unas condiciones precarias, pero no podemos obligar a otra Administración a que aplique sus reivindicaciones", por lo que se sugiere al Ministerio y al Ejecutivo autonómico que atienda las propuestas de los agentes de las BRIF.

86.000 EUROS

El pleno de la institución ha debatido también el reconocimiento extrajudicial de facturas por importe de 86.000 euros, punto que ha sido aprobado con el voto a favor de PSOE y PAR y la abstención del resto de grupos —PP, En Común, C's y CHA—. Juan Antonio Sánchez Quero ha avanzado que se van a iniciar los procesos de contratación de material informático, combustible y el servicio de seguridad de la DPZ, tras finalizar el contrato del mismo.

En el turno de ruegos y preguntas, Sánchez Quero se ha dirigido al expresidente de la DPZ, Luis María Beamonte, para "pedirle un poco más de responsabilidad a la hora de apoyar el reconocimiento de créditos" dado que esta cuantía, y la que se llevó al anterior pleno por 500.000 euros, "son facturas (pendientes) de su gestión".

En este mismo punto, el portavoz de En Común, José Ángel Miramón, ha rogado al presidente que se optimicen recursos y la institución empiece "poco a poco" a abandonar el papel, facilitando los documentos mediante correo electrónico. Sánchez Quero ha indicado que ya se ha dado orden de avanzar en ese sentido.

Menos asesores

Por otra parte, la portavoz de C's, Elena Martínez, ha pedido intervenir en dos puntos del orden del día, relativos a nombramientos de personal eventual y al reconocimiento extrajudicial de créditos derivado del proyecto de obras de acondicionamiento de la CV-303, entre La Puebla de Albortón y la carretera autonómica A-220.

Sobre los nombramientos de personal eventual, Martínez ha aseverado que "no debería de haber tantos asesores" y aunque ha reconocido que se han reducido, se podría realizar un esfuerzo "mayor" y recurrir al personal de la Diputación "que son grandes profesionales", ha sostenido.

Sánchez Quero ha coincidido en que era necesario reducir este número y ha apuntado que "la ley nos permite tener a 42 personas" como personal eventual, pero se acordó rebajar ese número a la mitad y con un descenso "del 27 por ciento" en sus salarios, ahorrando de esta forma un millón de euros en este concepto.

Del proyecto de obras en la CV-303, Martínez ha estimado que la DPZ no debería asumir el coste de expropiación de terrenos privados para ejecutar los trabajos, por importe de 1.607 euros, "que debería asumir la empresa". Este punto se ha aprobado con el voto a favor de todos los grupos y la abstención de C's.

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