Un grupo de trabajadores de Ecomasa-Nestor Martin, la fábrica de estufas de Maliaño (Camargo) que se encuentra en fase de liquidación, han acudido este miércoles a los juzgados para recibir a los gestores de la empresa, Andrés de León y Jesús Lavín, citados como imputados por presuntos delitos de administración desleal, apropiación indebida y falsedad documental.

En el momento que los dos empresarios cántabros llegaban a la sede judicial de Las Salesas —han entrado por la puerta de la avenida Pedro San Martín—, los trabajadores les han recibido al grito de "chorizos, devolvednos nuestro dinero".

De esta forma, los operarios de Ecomasa les reclamaban los 3,2 millones de euros de sus indemnizaciones por despido de Teka, que pusieron en esta empresa a cambio de ser subrrogados, y a los que se suman los 18 millones de dinero público aportados por el anterior Gobierno de Cantabria, a través del Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF) y Sodercán.

De León y Lavín estaban citados a declarar por el Juzgado de Instrucción número 5 de Santander por la querella presentada el pasado mes de mayo por la abogada de los trabajadores, María Teresa Ortiz.

Sus declaraciones estaban inicialmente fijadas para el pasado 21 de septiembre, pero se aplazaron a este miércoles debido a que ambos, que tenían una defensa conjunta, decidieron separar la representación de sus abogados.

Esta querella, que se presentó cuando la empresa estaba en concurso de acreedores pero aún no había entrado en la fase de liquidación actual, se sustenta en cuatro presuntos hechos delictivos: un delito contra los derechos de los trabajadores, otro de estafa, un tercero por apropiación indebida y, otro más por fraude en la percepción de subvenciones y ayudas públicas.

Precisamente por este último delito, en la jornada de este miércoles, además de De León y Lavín, estaba citada a declarar la exdirectora del Servicio Cántabro de Empleo, María Ángeles Sopeña.

Aunque la hora fijada para el inicio de las declaraciones era las 10.15 horas, ésta se ha retrasado y no ha sido hasta las 10.45 horas cuando los imputados y testigos citados han comenzado a entrar al despacho de la magistrada del Juzgado de Instrucción número 5 de Santander, Mercedes Compostizo.

El primero en declarar ha sido el vicepresidente del comité, que ha salido de los juzgados cerca de las 12.00 horas pero ha declinado hacer declaraciones a la prensa. Después, le ha tocado el turno de comparecer ante la jueza a la exdirectora del Servicio Cántabro de Empleo.

La magistrada ha dejado a los antiguos gestores de Ecomasa, Andrés de León y Jesús Lavín, para el final. Sus declaraciones se prevén "largas" siempre y cuando contesten a las preguntas de todas las partes.

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La querella se suma la denuncia del gobierno

A la instrucción de esta querella de los trabajadores, se suma ahora la denuncia presentada la pasada semana por el Gobierno regional ante la Fiscalía para que investigue los indicios de delito detectados en la auditoría de la empresa y de los que se pueden derivar responsabilidades tanto de los administradores de la empresa, Andrés de León y Jesús Lavín, como de políticos.

La vicepresidenta regional, Eva Díaz Tezanos, fue quien anuncio la presentación de esa denuncia después de que el Consejo de Gobierno analizase el pasado jueves el informe de la auditoria, encargada por Sodercán a la empresa Ernst&Young para "esclarecer cuál ha sido el destino de los 21,2 millones de euros de esta operación".

El Gobierno quiere que se investigue el destino de los 18 millones de euros de dinero público, que se concedieron a esta empresa desde 2012 a través del Sodercán y el Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF), y también de los 3,2 millones de las indemnizaciones de los 88 trabajadores despedidos de Teka y fueron contratados por Ecomasa.

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