ZARAGOZA, 14 (EUROPAPRESS)

El Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón ha abierto siete expedientes sancionadores a residencias de personas mayores, que tendrán un plazo para corregir las deficiencias, lo que les permitirá conseguir la autorización para continuar su actividad, aunque en caso contrario la inspección podría derivar en el cierre y la imposición de una sanción.

Así lo ha indicado la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, quien ha añadido que, además, se está ejecutando el cierre voluntario de cinco centros privados, dos de los cuales ya han cesado su actividad, recolocando a los internos en otros centros, y en tres más se está tramitando la reubicación. Broto ha comparecido en Comisión de las Cortes de Aragón a petición de Podemos y Ciudadanos (C's).

Broto ha aludido al cierre de la residencia de Santa Fe (Zaragoza), después que fallecieran ocho personas tras incendiar una residente las instalaciones en la noche del 11 al 12 de julio pasados, lo que causó "una preocupación tremenda" en el Departamento y dio pie al inicio del proceso de inspección.

"En esa revisión total no hemos constatado que, en ninguno de estos centros, se ponga en peligro la vida de ninguna persona", ha recalcado la consejera, "las familias pueden estar tranquilas".

La inspección ha puesto de manifiesto que 45 establecimientos no tenían autorización administrativa, 28 cumplen la normativa. pero carecen de licencia municipal, cinco no tienen licencia y tampoco informe favorable de la inspección y 12 tienen licencia municipal, pero no informe favorable de la inspección. Hay 33 informes de inspección negativos, la mayoría en Zaragoza.

Las residencias "se tienen que adaptar a las nuevas exigencias", ha dicho Broto, quien ha señalado que la Ley de Atención a la Dependencia obliga a dar "una mayor calidad" en los servicios sociales que ofrece la Administración.

En Aragón, hay 177 residencias para personas mayores y otros 53 tienen autorización provisional, un total de 230 instalaciones, de las que 186 son mixtas, 30 solo para personas que no precisan asistencia básica y 14 para mayores que requieren asistencia completa. Asimismo, hay un total de 34 centros de día.

MAPA

La consejera ha informado de que el Departamento está definiendo el mapa de los servicios sociales, que incluirá la planificación de los recursos, una actuación que "ya se debería haber llevado a cabo".

María Victoria Broto ha puesto de relieve que la atención a personas mayores no solo mejora la cohesión social y la calidad de vida de este colectivo, sino que el sector crea mucho empleo.

Igualmente, ha dicho que el cuarto pilar del Estado del Bienestar es "todavía débil, no está consolidado", por lo que es importante que todos los grupos se pongan de acuerdo para impulsarlo.

Respecto a los centros de día, la consejera ha indicado que "cuesta bastante que las familias opten por este tipo de prestación", aunque el Departamento siempre ha apostado por la ayuda en el entorno familiar.

"quejas ciudadanas"

La diputada de Podemos, Marta Prades, ha recordado que "son muchas las quejas ciudadanas" sobre la atención en residencias de mayores y ha preguntado a Broto si va a continuar la concertación o promover la gestión pública, considerando que la segunda fórmula "es mucho más económica y eficiente".

En representación de C's, José Luis Juste ha apostado por aumentar los conciertos para incluir a las personas mayores con pensión "mileurista" que han cotizado a lo largo de toda su vida y ha preguntado a la consejera si el coste de una residencia pública triplica al de las privadas.

La diputada del PP Marian Orós ha defendido la gestión del anterior equipo de servicios sociales, indicando que aumentó el número de inspectores, pasando de seis a 256, y que se cerraron ocho residencias. Ha subrayado que el suceso de Santa Fe fue "absolutamente imprevisible".

La parlamentaria socialista Pilar Zamora ha resaltado que el sector cumple "en su gran mayoría" los requisitos para funcionar y ha defendido el proceso de inspección para consolidar el sistema público de servicios sociales.

La diputada del PAR Elena Allué ha pedido a la consejera que termine el mapa de servicios sociales con "agilidad" y ha mencionado las quejas de algunas entidades sobre la falta de residencias públicas en el barrio zaragozano del Acutr.

La diputada del grupo mixto Patricia Luquin (IU) ha apostado por planificar la política de servicios sociales, señalando que la no planificación es una forma de hacer política y ha destacado que el Gobierno de Aragón trabajó con mucha "diligencia" en el caso de Santa Fe.

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