La juez de Sevilla que investiga la adjudicación a la agrupación empresarial México-Minorbis de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar ha rechazado la petición realizada por Emerita Resources España para que imputara en la causa al secretario general de Innovación, Industria y Energía, Vicente Cecilio Fernández Guerrero, ya que la empresa denunciante "no añade ni aporta ningún dato nuevo que justifique nuevas imputaciones".

En un auto fechado el 8 de octubre, al que ha tenido acceso Europa Press, la instructora señala que, aunque la acusación particular que ejerce Emerita "realiza en su escrito de alegaciones una serie de manifestaciones a modo de valoración de las diligencias de prueba realizadas hasta la fecha que pueden resultar esclarecedoras con relación a determinados aspectos de los que son objeto de debate", su escrito "no añade ni aporta a lo largo de sus 26 folios ningún dato nuevo que justifique nuevas imputaciones".

Asimismo, la juez rechaza la petición de Emerita para que citara a declarar "como testigos o imputados" a otras nueve personas, como son seis miembros de la comisión técnica y de la mesa de contratación que no han sido llamados a la causa tras ser detenidos por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional; Isidro y Mario López Magdaleno, "dueños de Magtel y representantes de Minorbis", y Ángel Joaquín Maestre García, "que participó en la elaboración de las bases y en el proyecto de Minorbis-Grupo México".

Tras explicar que "no son en modo alguno semejantes ni parecidos los estatutos de una y otra comparecencia, la del imputado y la del testigo", la instructora insiste en que, "a día de hoy", no aprecia "indicios nuevos de delito que justifiquen una ampliación de los términos en los que ya se expuso el auto de este juzgado de 31 de julio de 2015 por el que se acordó la declaración como imputados" de siete personas, entre ellas la ex directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta María José Asensio Coto.

Todo ello, añade, por "más cuestionable que pueda resultar que un secretario general realice llamadas "para interesarse" por el curso de un proceso de negociaciones entre empresas privadas llamadas a participar en un concurso público", ya que "la evidencia de la llamada realizada en abril del 2014 no es encuadrable en ningún tipo del Código Penal".

(((

Seguirá ampliación)))

Consulta aquí más noticias de Sevilla.