El déficit de Aragón ascenderá a final de año a 690 millones de euros, lo que supone un 2,01 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de la región. El desfase entre ingresos sobredimensionados, gastos sin consignación y otras insuficiencias que no figuran ni en el presupuesto ni la contabilidad asciende a 920 millones.

Así lo indica el 'Informe sobre la Situación Económico-Financiera de la Comunidad autónoma a 31 de agosto de 2015', elaborado por la Intervención General y que ha presentado el consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Fernando Gimeno, este viernes, día 9, en una rueda de prensa en el Edificio Pignatelli de Zaragoza.

Gimeno ha expuesto que este documento es el instrumento más adecuado para cumplir el compromiso asumido con los grupos que invistieron a Javier Lambán como presidente del Gobierno. No obstante, ha agregado que este estudio se habría hecho igual "para evitar los comentarios que se puedan hacer por las cifras que se puedan dar". Además, "queremos es conocer la situación".

Esta previsión de déficit casi triplica el límite del 0,7 por ciento establecido para 2015 por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en aplicación de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.

Fernando Gimeno ha señalado que la Comunidad está en esta situación porque la forma de presupuestar, "este año y desde el 2014", incrementa "automáticamente" el déficit. "Los ingresos que se van a producir están muy por debajo de lo que dice el presupuesto, dicen que en términos de caja vamos a estar en 220 millones por debajo de lo que se va a recaudar previsto por los presupuestos. En términos de obligaciones reconocidas es menos".

"Cuando uno pone ingresos más altos de los que va a tener es para poder poner más gasto, como consecuencia se acentúa una perversión, aumenta el déficit de forma rápida", ha recalcado.

La diferencia entre ingresos y gastos da un saldo negativo de 700 millones, si bien se prevé que esta cantidad se reduzca en 10 millones a fin de año, al computar diversos ajustes.

La interventora estima que el capítulo de gastos de personal tendrá una ejecución superior al cien por cien una vez realizadas las modificaciones presupuestarias en Educación y Salud necesarias para cubrir la totalidad del gasto.

El informe firmado por la interventora general, Ana Gómez, el pasado 5 de octubre, detalla en sucesivos apartados los ingresos deficitarios procedentes de tributos y de otras fuentes, que ascenderán al final de este año a unos 173 millones.

"Todo esto significa que tenemos un agujero de 920 millones o más, en términos de caja, que es lo que utiliza Europa para determinar los déficit, 957 millones de euros", ha subrayado Gimeno. Una cifra que todavía podría aumentar a final de año.

620 MILLONES

Fernando Gimeno ha especificado que hay 620 millones que están en la contabilidad, que hay facturas para justificar ese gasto, pero que no estaban en el presupuesto. Ha concretado que la mayor parte de este apartado son gastos de personal de Sanidad y Educación.

En Educación se considera que faltará una cobertura presupuestaria de 62,4 millones para abonar la nómina a todo el personal docente, en Salud 86,2 millones. En el capítulo II, de gastos corrientes, faltarán 8,9 millones en Educación y 340,2 en el Salud.

En transferencias corrientes se prevé que una insuficiencia presupuestaria de 15 millones para la nómina de la enseñanza concertada, de 85,2 millones para cubrir el gasto farmacéutico y de 1 millón para abonar al Colegio de Abogados de Aragón sus servicios por asistencia jurídica gratuita.

Hay 16 millones para las solicitudes pendientes de autorizar para las ayudas a la Dependencia, 1,5 millones para prestaciones del Ingreso Aragonés de Inserción y 3,4 millones para hacer frente a la medida cautelar impuesta con carácter firme al Gobierno, a raíz del contencioso interpuesto por la Universidad de Zaragoza para reclamar 53 millones vinculados al acuerdo de financiación.

Figuran otras insuficiencias de gastos que no aparecen en el presupuesto y ni siquiera en la contabilidad, pero a los que también habrá que hacer frente, por valor de 127 millones, entre el convenio del tranvía con el Ayuntamiento de Zaragoza, la estación del AVE de Plaza y la autopista autonómica.

Otro de los puntos en que incide el informe es el endeudamiento, segunda ratio de la estabilidad presupuestaria. A este respecto, señala que la deuda viva de la Comunidad ascendía el 31 de agosto a 6.657,68 millones.

Este nivel de endeudamiento duplica el existente hace justo cuatro años, cuando otro informe similar encargado por el anterior Ejecutivo y presentado públicamente el 17 de octubre cifraba la deuda existente entonces en 3.332 millones.

INGRESOS

El 97,4 por ciento de los ingresos se contabilizan en la Administración general de la Comunidad, y el mayor volumen es el que forman los integrados en el Sistema de Financiación Autonómica. En 2015, la financiación por estos conceptos asciende a 2.987 millones.

Otra parte importante de ingresos proviene de los Tributos Cedidos y, en menor medida, por los Tributos Propios. En este apartado, la ejecución está siendo "algo irregular", apunta el informe, los derechos contabilizados por Sucesiones y Donaciones han caído respecto a los del mismo periodo del año anterior. Sin embargo, los de Transmisiones y AJD presentan una variación positiva.

En cuanto a los gastos, el informe recuerda la ampliación de crédito de 275 millones que hubo que hacer con cargo al Fondo de Facilidad Financiera del Estado para imputar al Salud obligaciones del ejercicio anterior pendientes de pago, así como la primera de las órdenes de retención de créditos, por importe de 59,32 millones, entre otros aspectos.

Más de 850 MILLONES

Respecto a los gastos plurianuales, el informe resalta que "este año ya existen contabilizados compromisos adquiridos por importe de 857,5 millones", cifra que se va incrementando en los sucesivos ejercicios.

En cuanto a la morosidad, refleja que a 31 de agosto el plazo medio de pago a proveedores había ascendido a 86,41 días, cuando el límite está establecido en 60.

En este contexto, Gimeno ha confiado en que la Comunidad autónoma tiene "capacidad suficiente" para resolver "rápidamente" el tema, es decir, "en unos dos años". Aunque ha indicado que el problema "estructural" de la sanidad tiene que ser resuelto, a través de la financiación autonómica.

Tomar medidas "a toda velocidad"

El consejero de Hacienda y Administración Pública ha subrayado que, ante esta situación presupuestaria, el Gobierno ha empezado a tomar medidas "a toda velocidad".

La primera de ellas, ha incidido, "decir la verdad, de lo que pasa y lo que va a pasar", además de dar instrucciones de retención de créditos. "Hay que partir de una realidad que es totalmente distinta".

Fernando Gimeno ha reconocido que, de esta forma, Aragón no puede ponerse al día antes de octubre para cumplir el plazo legal de pago a proveedores, pero ha negado que se vaya a intervenir a la Comunidad.

"Lo que la Ley dice que hay que hacer ya está hecho, estoy convencido de que va a mejorar el plazo de pago a proveedores pero no en el mes de agosto", ha agregado el consejero de Hacienda, y ha insistido que fundamentalmente este problema es de sanidad.

En la 'hoja de ruta' del Gobierno de Aragón también se ha alcanzado un acuerdo con el Ministerio de Hacienda para liquidar hasta fin de año los pagos pendientes a proveedores y se ha remitido al equipo ministerial el Plan Económico-Financiero.

Gimeno ha apuntado que dada la imposibilidad material y el expreso rechazo del Gobierno a nuevos recortes de gasto perjudiciales para la sociedad, no queda más remedio que afrontar un aumento de los ingresos mediante una serie de medidas tributarias que se trasladarán a las Cortes de Aragón.