La Policía Nacional ha detenido a once personas en una operación desarrollada en Navarra, Bilbao, Irún y Santander contra un presunto fraude a la Seguridad Social y al Servicio Estatal de Empleo mediante empresas ficticias.

La operación 'Plastic', iniciada en julio de 2015, ha descubierto un fraude a la Tesorería General de la Seguridad Social de 185.403,57 euros por cuotas impagadas por parte de la empresa y otros 56.425,21 euros al Servicio Estatal Público de Empleo por prestaciones por desempleo percibidas indebidamente por los supuestos trabajadores.

En la operación se han producido seis arrestos en Navarra, tres en Bilbao, uno en Irún y otro en Santander. Asimismo se imputan delitos de falsedad documental y estafa a la Seguridad Social a otras tres personas que se hallan en paradero desconocido, posiblemente fuera de España, por lo que se han insertado requisitorias para su detención, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

La investigación se inició meses atrás en aplicación del convenio de colaboración entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Ministerio del Interior para la prevención y la investigación del fraude mediante empresas ficticias.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Navarra remitió a la Policía Nacional un completo informe como consecuencia de sus actuaciones inspectoras en las que había detectado una empresa localizada en Arano (Navarra) que ocupaba las antiguas instalaciones de una empresa cervecera y que presuntamente simulaba estar dedicada a la explotación forestal y procesamiento de la madera.

Los supuestos empresarios habían acordado la compra a la empresa propietaria de las instalaciones en el año 2010 aunque nunca se llevó a cabo la adquisición puesto que el pago no se ha formalizado y el asunto se halla en vía judicial por demanda de la empresa vendedora.

A partir de allí los empresarios detenidos crearon presuntamente un entramado de empresas para ocultar las actividades comerciales, del tal manera que unas empresas del grupo eran propietarias de las instalaciones y otras a su vez arrendaban parte de ellas a otras del mismo grupo o a otras empresas externas sin relación con el fraude.

Asimismo adquirieron una línea completa de serrería, procedente de chatarra, que montaron en una de las naves para simular la realización de actividades madereras. Desde la adquisición de las instalaciones en el año 2010 hasta la actualidad las diversas empresas del grupo, tanto las interpuestas como las que figuran públicamente, no han realizado actividad comercial alguna, no habían adquirido o vendido bienes, no existía contabilidad alguna, facturas, recibos o albaranes, pero sin embargo habían dado de alta en la Seguridad Social a multitud de trabajadores.

Tampoco pudieron acreditar pagos de salarios a dichos trabajadores, nóminas, transferencias o pagos en efectivo y no habían ingresado cantidad alguna en concepto de aportaciones a la Seguridad Social (tanto cuotas de la empresa como cuotas procedentes de las deducciones al trabajador). Tampoco habían realizado declaraciones de impuestos de ninguna clase, especialmente de IVA o de la renta, ni habían ingresado a Hacienda las cantidades supuestamente retenidas en las nóminas de los trabajadores en concepto de IRPF, según explica la Policía Nacional.

En las visitas de inspección realizadas de manera conjunta por la Policía Nacional y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se verificó que las líneas de producción de la serrería no eran operativas y se trataba simplemente de chatarra montada pero que nunca había sido puesta en marcha.

La finalidad de todo este entramado era la de vender a supuestos trabajadores altas falsas en la Seguridad Social para que estos pudieran acceder con posterioridad a prestaciones por desempleo, bajas laborales u otras de las previstas en la legislación laboral, o para acceder a permisos de residencia en España a extranjeros que a menudo nunca han residido en el país pero que consiguen de este modo documentos de identidad como residentes en la Unión Europea que les permiten realizar otras actividades en cualquier país de la Unión.

Según ha apuntado la Policía Nacional, las empresas y las personas físicas responsables de estos hechos deben responder tanto penalmente como administrativamente de las cantidades impagadas o percibidas indebidamente.