La futura ley del suelo de Galicia permitirá regularizar "miles de viviendas" que hasta ahora estaban fuera de ordenación, aquellas que se construyeron antes de la aprobación de los planes generales de ordenación municipal. De hecho, solo se mantendrán fuera de ordenación aquellas que ocupen zonas verdes, viales y equipamientos públicos.

Lo ha ratificado el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, tras la reunión semanal de su Gobierno, que ha dado luz verde para la remisión a la Cámara de esta ley, para el mandatario autonómico "una de las principales de la legislatura y de la década", impulsada "con vocación de permanencia".

En la rueda de prensa posterior al Consello, ha destacado que la ley permitirá "solucionar" la problemática de "gran parte de viviendas" fuera de ordenación, según sus palabras, "construidas de forma legal" pero no adaptadas al planeamiento, por lo que no se pueden utilizar como garantía hipotecaria ni hacer obras de consolidación o ampliación.

Así, ha concretado que, con este paso, todas las viviendas hasta ahora fuera de ordenación —"miles", según el propio presidente— que no ocupen zonas verdes, viales o equipamientos públicas quedarán regularizadas automáticamente. "Quedarán como viviendas normales en su calificación, con garantías de legalidad", ha remarcado.

Requisitos suelo rústico

La norma mantiene la prohibición de nuevas viviendas en suelo rústico, excepto las vinculadas a explotaciones agroalimentarias.

De forma expresa, se reconocen también las capacidades turísticas de Galicia, de forma que, a través de las herramientas adecuadas y "con todas las garantías de dotación de los servicios necesarios", se promueven las construcciones y las obras de rehabilitación para usos turísticos que sean potenciadoras del medio donde se localicen.

Eso sí, para preservar los valores del entorno, las nuevas construcciones en suelo rústico deberán ajustarse a varios requisitos. Por ejemplo, el volumen máximo de la edificación será similar al de las edificaciones tradicionales existentes, con una altura máxima de siete metros.

Asimismo, la norma determina que la superficie de la parcela debe ser, como mínimo, de 2.000 metros cuadrados; la construcción ocupar un máximo del 20 por ciento del terreno; que se minimice el impacto visual y que se mantenga en su estado natural, como mínimo, el 50 por ciento de la parcela.

Simplificar el planeamiento

La norma impulsada este jueves nace más simplificada, toda vez que se reduce en un 31 por ciento el número de artículos frente a la ley actualmente en vigor. Desde que el Consello aprobó el borrador de la ley en octubre, se sometió a consultas de 75 agentes y fue objeto de una treintena de encuentros sectoriales.

Feijóo ha destacado la participación y ha reiterado que su objetivo es dotar a "todos" los municipios gallegos de normas urbanísticas, la Xunta elaborará a lo largo de 2016 un plan básico autonómico, que identificará al conjunto de los 33.000 núcleos de Galicia y delimitará las diversas zonas de afección sectorial.

Esta herramienta servirá de materia prima para elaborar los planes básicos municipales, con los que la Xunta pondrá a disposición de los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes que carecen de planeamiento y que tienen dificultades técnicas y económicas para elaborarlo, un instrumento de ordenación básico, adaptado a sus necesidades.

La previsión es que la redacción de estos planes básicos locales se lleve a cabo entre 2017 y 2020, y podría beneficiar a los 56 municipios gallegos de menos de 5.000 habitantes que actualmente carecen de planeamiento. Los ayuntamientos que recurran a esta herramienta tendrán voz en la tramitación de los planes básicos, y emitirán informes determinantes.

En cuanto a los ayuntamientos de más de 5.000 vecinos, conservarán la potestad exclusiva de redactar sus planes urbanísticos, si bien tendrán también medidas para "facilitar y agilizar" su tramitación. Así, los municipios pasarán a pedir a la Xunta un informe único en vez de los diferentes documentos sectoriales que hasta ahora se piden por separado.

Con la nueva norma, la Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo será la encargada de solicitar los distintos informes sectoriales y estos deberán emitirse en un plazo máximo de tres meses o se entenderán como positivos, lo que según la Xunta reducirá en un 75 por ciento los tiempos de tramitación autonómica de los planes.

Además, "en una apuesta por la autonomía local", se les concede a los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes, es decir, a las siete grandes ciudades gallegas, la capacidad para aprobar definitivamente sus planes generales, contando con un informe preceptivo de la Administración autonómica.

Remate exterior de las edificaciones

Para contribuir a asentar la población en el rural, la ley se mantiene inflexible al prohibir la construcción de nuevas edificaciones con fines residenciales en suelo rústico, pero permite las nuevas viviendas vinculadas a explotaciones agropecuarias. Además, apuesta por la rehabilitación.

Con tal fin, pasan a considerarse como edificaciones tradicionales todas las anteriores al año 1975 y en ellas se elevan los porcentajes de incremento de volumen permitidos en las obras de rehabilitación, llegando hasta el 50 por ciento, siempre y cuando se respete la altura y la tipología existente y se introducen los usos artesanales, mediante actividades como los talleres de dulces o de jabones, queserías, cerámicas, bodegas o conserveras.

La ley también apuesta por el paisaje "como símbolo identitario" de Galicia. Así, como Feijóo ya había avanzado, se concederán prórrogas ilimitadas a las licencias de edificación condicionadas a que en primer lugar se remate el exterior de las construcciones, o en el caso de que las obras no estén iniciados.

La ley del suelo también obliga a que las características constructivas y estéticas de las edificaciones sean acordes con el paisaje rural.

REHABILITACIÓN

También en su reunión de este jueves, la Xunta ha autorizado los acuerdos que permitirán invertir 28,5 millones de euros en 1.660 viviendas situadas en las áreas de rehabilitación gallegas.

El Ejecutivo autonómico ha aprobado la firma de los convenios entre el Gobierno gallego, el Ministerio de Fomento y 38 ayuntamientos para acometer estas obras de rehabilitación en 54 áreas declaradas. La Xunta aportará casi 9,5 millones a ayudas para financiar estas actuaciones.

Actualmente, están en ejecución convenios que permiten la rehabilitación de otras 508 viviendas, con ayudas de más de 5,8 millones de euros.