El Pleno del Parlamento andaluz ha reclamado este jueves la derogación por parte del Gobierno central de las tasas judiciales a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y las organizaciones no gubernamentales (ONG), en virtud de una proposición no de ley presentada por el Ciudadanos (C's), que ha contado con la abstención del PP-A y el apoyo del resto de los grupos.

Los otros dos puntos de la iniciativa, que han sido transaccionados por el PP-A, han salido adelante por unanimidad. Así, en virtud de la iniciativa aprobada, el Parlamento pide que el Gobierno de la Nación establezca mecanismos que permitan la vinculación de la recaudación de las tasas judiciales al sistema de justicia gratuita, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 11 de la ley 10/2012 de 20 de noviembre.

Junto a ello, la Cámara andaluza insta a la Junta a incrementar el esfuerzo presupuestario en las partidas destinadas a justicia en el proyecto de ley de presupuestos para el próximo año 2016.

En defensa de la iniciativa, la diputada de C's Marta Boquet ha asegurado que la ley de tasas "merma la libertad y la igualdad de estos colectivos a la hora de acceder a la Justicia", y ha lamentado que "el afán recaudatorio y disuasorio de dicha ley no sólo no haya servido" para esos fines, sino que "no ha revertido en una mejora de la calidad de la asistencia jurídica gratuita".

"El pago de las tasas judiciales a las personas jurídicas por igual sea cual sea su tamaño supone que los derechos de las pequeñas y medianas empresas no están equiparados a los de las grandes en modo alguno, ya que no existen criterios de proporcionalidad", ha insistido Bosquet, quien ha pedido "tratar a la Justicia como una política de estado y que los gobiernos estatal y autonómico destinen los mayores recursos para que este asunto deje de ser una asignatura pendiente".

Por su parte, el diputado del PP-A Juan Ramón Ferreira ha dicho que le llama la atención que C's haya dedicado su primera proposición no de ley en el Pleno del Parlamento a un asunto que no es de competencia andaluza sino estatal. "¿Tan enamorados están (del PSOE-A) que no terminan de ver nada en lo que sacarle los colores?", se ha preguntado el diputado 'popular', que ha lamentado que C's copie el "mal ejemplo" de los socialistas de usar la Cámara andaluza como "amplificador" de los debates nacionales.

En referencia a la materia en cuestión, Ferreira ha calificado de "insostenibles" los argumentos que ha oído en este debate sobre la ley de tasas y ha querido dejar claro que el acceso a la justicia está totalmente garantizado para cualquier persona o entidad. También ha indicado que el impacto recaudatorio es "irrelevante" para la Justicia y para las pymes "por mucho que se exagere para aliñar el guiso".

En su turno de palabra, la diputada del PSOE-A María Jesús Serrano ha destacado que a su formación nunca le gustó esta ley, ni que siga vigente "aunque de manera parcial". Se trata, a su juicio, de una normativa que supone una segregación de la Justicia por motivos económicos y que se aprobó con la oposición mayoritaria, "no solo a nivel político sino de la sociedad en general".

"Fue una ley no consensuada elaborada por un partido que quiere dividir a la sociedad en función del dinero que disponga y que provoca un empobrecimiento de las clases medias", ha defendido Serrano, quien ha indicado que los 'populares' nunca han creído en la igualdad social, sino en un modelo "insolidario".

Por su parte, el diputado de Podemos Juan Moreno Yagüe ha asegurado que las tasas judiciales son "la mayor canallada" que se ha llevado a cabo en la última legislatura, "y las hay gordas". Ha considerado que los promotores de estos "impuestos y no tasas" deberían comparecer ante la Corte Penal Internacional, mostrándose convencido de que el Tribunal Constitucional "antes o después resolverá esta sinvergonzonería".

Finalmente, la diputada de IULV-CA María del Carmen Pérez ha criticado que las tasas judiciales que tiene que pagar una pequeña tienda de zapatos sean equiparables a las que abona una gran multinacional y ha mantenido que las tasas judiciales han provocado un efecto "disuasorio" en la sociedad civil. Se trata, en su opinión, "de una ley de atraco judicial y una expropiación que impide el acceso de todos los ciudadanos a la Justicia".