El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha anunciado en el Parlamento andaluz que desde que la aprobación en febrero de 2014 del decreto que regula las competencias de la Administración de la Junta en materia de ordenación del territorio y urbanismo, se ha tramitado 189 instrumentos de planeamiento general urbano, de los cuales el 59 por ciento cuenta con informe emitido.

Durante su intervención, el consejero ha resaltado que esta norma establecía como novedad la creación de las Comisiones Provinciales de Coordinación Urbanística, unos órganos encargados de integrar y armonizar los informes preceptivos que hasta ahora emitían por separado las diferentes consejerías de la Junta.

Con ello, "se facilita las tareas de colaboración y cooperación técnica con las corporaciones locales, optimiza la coordinación interadministrativa y se reducen plazos".

En este sentido, ha afirmado que esta normativa permite a los ayuntamientos presentar, tras la aprobación inicial, una única solicitud dirigida a la Junta. De esta manera, la revisión de la documentación y la petición de subsanación se realizan de forma conjunta en un máximo de 10 días.

Además, una vez completado el expediente, la Administración autonómica tiene un plazo para remitir sus dictámenes de tres meses y de un mes para la solicitud y envío de los informes que tengan carácter vinculante tras la aprobación provisional, "evitando así la disparidad de plazos que fijaban las distintas legislaciones sectoriales".