La fiscalía alemana ha ordenado este jueves registros en varias sedes de Volkswagen, entre ellas la central en Wolfsburgo, y en domicilios de trabajadores del grupo para recabar información que permita identificar a las personas implicadas en el trucaje de los motores diésel.

La fiscalía de Braunschweig, cercana a Wolsfburgo (norte del país), explicó que dio ese paso para incautarse de documentación y soportes informáticos "que puedan contener información sobre el exacto proceder y la identidad de los empleados de la compañía implicados" en los presuntos hechos delictivos que investiga, según un comunicado.

El ministerio fiscal abrió diligencias el pasado 28 de septiembre tras recibir varias denuncias y al considerar que había sospechas de fraude en la venta de millones de vehículos con un software que manipulaba sus emisiones contaminantes. Los registros se realizaron sin previo aviso con participación de tres oficinas fiscales y de cincuenta agentes de las fuerzas de seguridad del estado federado de Baja Sajonia, en el que se ubica la central del grupo automovilístico.

Un portavoz de Volkswagen, en declaraciones a diversos medios, garantizó el total apoyo de la empresa a las investigaciones de la fiscalía y recordó que el grupo también presentó el pasado 23 de septiembre una demanda ante la fiscalía de Braunschweig. En un primero momento este organismo informó de que las diligencias se centraban en el ex presidente de Volkswagen Martin Winterkorn, quien dimitió poco después de conocerse el escándalo, pero más tarde aclaró que se trataba de una investigación contra desconocidos.

Su objetivo es identificar a las personas implicadas en la manipulación de los motores, un escándalo que afecta a once millones de vehículos en todo el mundo, según ha reconocido la propia empresa. La investigación en Alemania corre en paralelo a las abiertas en otros países europeos después de que las autoridades medioambientales estadounidenses destaparan el escándalo.

Por el momento sigue siendo una incógnita quién tomó la decisión de instalar el software que permitía manipular a la baja las emisiones de los vehículos que se sometían a los controles medioambientales.