La Fiscalía de Sevilla ha solicitado dos años de cárcel para el ex primer teniente de alcalde y exconcejal de Urbanismo y Desarrollo del Ayuntamiento de Arahal Manuel Bravo García (IULV-CA) por conceder hasta 15 licencias urbanísticas "prescindiendo del procedimiento legalmente establecido" y "apartándose de forma consciente" de los dictámenes que realizaban el arquitecto y el secretario municipales.

En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público pide para el que fuera delegado de Urbanismo entre el 21 de junio de 2007 y el 22 de mayo de 2011 dos años de prisión y diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un presunto delito continuado de prevaricación urbanística.

La Fiscalía relata que, por Decreto de Alcaldía, fue aprobada una delegación de competencia a favor del delegado de Urbanismo que incluía la firma de decretos para la concesión de licencias urbanísticas, expedientes sancionadores en materia de disciplina urbanística, expedientes en el ejercicio de la potestad de protección de la legalidad urbanística y órdenes de ejecución.

Según el Ministerio Público, el acusado otorgó 15 licencias "prescindiendo del procedimiento legalmente establecido y amparándose" en el informe emitido por la 'Comisión Informativa de Obras y Licencias Urbanísticas', comisión "que no está prevista en ninguna disposición legal y cuyos dictámenes no son pues ni preceptivos ni vinculantes".

LAS 15 LICENCIAS

Asimismo, a todo lo anterior se suma que actuó "apartándose de forma consciente de los sí preceptivos dictámenes técnicos y jurídicos, que realizaban respectivamente el arquitecto municipal y el secretario del Ayuntamiento", según asevera la Fiscalía en su escrito de conclusiones provisionales, fechado el pasado día 15 de septiembre.

La Fiscalía enumera una a una estas 15 licencias, y señala que, por ejemplo, el imputado concedió una licencia de obras solicitada por un vecino para el vallado de una parcela a pesar de que el informe técnico "era desfavorable, por cuanto existían indicios de formación de asentamiento o núcleo de población", no obstante lo cual, "y a pesar de la contundencia de este informe técnico, el acusado concedió la licencia".

Asimismo, y según expone en su escrito el Ministerio Público, el acusado otorgó licencias de utilización de edificación para varias viviendas unifamiliares de la localidad "en contra del informe técnico del arquitecto y del informe desfavorable del secretario", ya que "ni la obra estaba concluida ni respetaba la superficie máxima que podía construir".

De igual modo, el imputado concedió tres licencias de primera utilización para pozos "para uso exclusivamente" agrícola "en contra de los informes del técnico y del secretario" e "incumpliendo los requisitos que en materia de aguas y minas determina como imprescindibles" la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).