El Tribunal de Cuentas aseguró ayer que el control de gastos  en seguridad de los partidos, que en 2004  llegó a tres millones de euros y que se destinó principalmente a proteger a los concejales del PP y el PSOE  en el País Vasco y Navarra, debe mejorarse mediante una norma que garantice  «mayor seguridad jurídica en este ámbito». Miembros de este tribunal denunciaron que la regulación del gasto para seguridad no fue objeto de desarrollo parlamentario.