El proyecto de ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias en la Contratación Hipotecaria sobre la Vivienda ha superado este miércoles en debate de totalidad ante el Pleno del Parlamento. Ningún grupo ha presentado enmienda a la totalidad al texto, que ahora seguirá su tramitación en comisión parlamentaria.

El consejero de Salud, Aquilino Alonso, ha defendido ante el Pleno de la Cámara que esta ley —que mantiene prácticamente el mismo contenido de la norma que ya se remitió en enero y que no se pudo tramitar por la disolución de la Cámara— tiene como principales objetivos acabar con los abusos en estas operaciones financieras y asegurar que la ciudadanía conozca en todo momento los derechos que le corresponden, ante qué productos se encuentra y cómo y dónde puede hacer valer las garantías que ofrece la Administración andaluza.

El proyecto prevé la creación de una sección específica en la Junta Arbitral de Consumo de Andalucía, con la denominación de Tribunal Arbitral Andaluz para Ejecuciones Hipotecarias y Desahucios. A través de este instrumento se impulsará la mediación extraprocesal previa o simultánea con cualquier procedimiento de ejecución judicial o notarial, a fin de lograr soluciones consensuadas para que las personas afectadas puedan mantener la propiedad de la vivienda y, subsidiariamente, la posibilidad de su uso.

Las entidades que otorguen préstamos para adquisición de vivienda deberán incluir en las condiciones generales o específicas de contratación la adhesión al Sistema Arbritral de Consumo de Andalucía, en el que las personas consumidoras y usuarias pueden tener información sobre las mismas.

En la misma línea de reforzar la defensa de los intereses de las personas consumidoras y usuarias, el proyecto de ley incorpora la creación del sistema andaluz de información y asesoramiento integral en materia de desahucios, tanto en los casos de ejecución hipotecaria como en los de impago de las rentas de alquiler.

El sistema prestará atención singularizada y prioritaria a colectivos en situación de emergencia social y económica, como las víctimas de violencia de género, las personas con dificultades por motivos de exclusión social y las que no pueden afrontar los pagos de las cuotas hipotecarias y de los contratos de arrendamiento por causas sobrevenidas.

El texto establece medidas frente a las cláusulas abusivas partiendo del respeto a la legislación estatal en la materia; impone nuevos deberes a las empresas prestamistas; garantiza derechos en materia de información y transparencia para las personas prestatarias; incrementa la transparencia de las comunicaciones comerciales y la publicidad, y establece la elaboración del 'Contrato Hipotecario de Confianza' con la participación de la Junta y de las asociaciones de consumidores, entre otras.

El proyecto modifica y endurece el actual régimen sancionador recogido en la Ley de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía. La norma introduce nuevas sanciones e incrementa las cuantías vigentes, especialmente las correspondientes a las infracciones muy graves, que podrán alcanzar hasta el millón de euros y el décuplo del valor de los beneficios ilícitos obtenidos o de los perjuicios causados por la infracción.

Por su parte, la diputada del PP-A Alicia Martínez ha manifestado que esta norma llega "muy tarde" al Parlamento y da la impresión de que el Gobierno andaluz "no cree mucho en ella". Ha señalado que los socialistas no tienen "un ápice de credibilidad" en esta materia porque "negaron" todas las medidas de protección para los deudores y ha considerado que esta ley lo que crea son "muchos más documentos". Martínez ha defendido que el Gobierno de Mariano Rajoy tomó la mayor medida de calado social en este país, como ha sido parar los desahucios en toda España.

El parlamentario de Podemos Juan Antonio Gil de los Santos ha señalado que hay que evitar que en el futuro se sigan produciendo los "abusos, engaños y estafas" que han sufrido miles de andaluces, de manera que ha abogado por una ley con mayor ambición y con un "carácter retroactivo".

La diputada de Ciudadanos Isabel Albás ha manifestado que esta norma "regula pero no establece controles claros" y se ha preguntado si las estructuras de la consejería tienen capacidad suficiente para analizar los miles de contratos hipotecarios que hay, cuando en algunas provincias los inspectores de consumo no llegan a la decena. Ha apuntado además que ningún banco está adherido al sistema arbitral de consumo de Andalucía.

La diputada de IULV-CA Inmaculada Nieto ha indicado que se trata, sin duda, de una norma muy necesaria para la ciudadanía andaluza, ya que miles de ciudadanos han sido "estafados" por entidades financieras a través de unas cláusulas "abusivas".

El parlamentario del PSOE-A José María Martín ha señalado que un claro objetivo del Gobierno andaluz es proteger a los ciudadanos y que por ello se ha presentado una norma en favor de las familias y que lucha contra los "abusos financieros".