El presidente de la Diputación de Segovia, Francisco Vázquez (PP), asegura que en todo momento ha actuado "de buena fe y en todo caso dentro de la legalidad" en la gestión de Segovia 21, sociedad participada mayoritariamente por la Institución Provincial y constituida en 2002 para levantar un complejo empresarial, residencial y de ocio en el municipio de Palazuelos de Eresma.

Así lo ha trasladado a los medios a su salida del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Segovia, donde ha acudido a declarar poco antes de las 10.00 horas de este miércoles por la denuncia presentada por Fomento Territorial, antigua gestora de Segovia 21, por supuestos delitos de prevaricación, defraudación de caudales públicos, denuncia falsa, estafa procesal y administración desleal.

El presidente, que ha declarado de manera conjunta con Javier de la Orden, abogado de Verae, actual administrador único de Segovia 21 y también denunciado, ha confesado estar tranquilo, si bien se ha mostrado visiblemente ofendido por la querella, que considera "política y mediática", además de una "venganza" contra él por el cambio de gestora.

"Me siento agredido por que ahora me imputen algún tipo de delito. Encima de que intentas arreglar las cosas, tienes que ir a dar explicaciones", ha espetado el también presidente del PP de Segovia, quien ha remarcado que ha sido siempre una preocupación para él la situación financiera de una sociedad comida por las deudas —de hasta 18 millones de euros— y que, siempre asesorado, ha actuado conforme a la legalidad y en defensa de los intereses generales.

Verae tomó las riendas de Segovia 21 en septiembre de 2012 con el encargo de reducir gastos y, frente a los 1,4 millones de contraprestación anuales que cobraba Fomento Territorial, se le asignaron 140.000 euros al año, así como un variable asociado a los litigios que tuviera Segovia 21, conforme el baremo del Colegio de Abogados. La adjudicación, según la antigua gestora, se hizo 'a dedo', motivo por el cual entiende que Vázquez cometió prevaricación.

Sin embargo, el presidente insiste en que la denuncia tiene tintes políticos y mediáticos y confía en que finalmente termine archivada. "Es muy desagradable para mí. Llevo 56 años viviendo en Segovia, otros cogen el tren y se van, pero yo no, siempre he querido vivir aquí", ha manifestado el máximo responsable de la Diputación, quien ha afirmado que le importa lo que piensan su familia, los ciudadanos y el juez, pero no lo que opinen partidos como UPyD, quien pedirá su dimisión si se mantiene la imputación.

Javier de la Orden ha garantizado la lealtad máxima con la que siempre ha actuado Verae y ha asegurado que la querella es un "ofensiva judicial" arbitrada por Fomento Territorial y otros compradores de vivienda que suman en su conjunto cinco millones de euros que deben a la sociedad.

"Entre todos estos solo podemos esperar litigios y problemas judiciales, este es uno de ellos, pero nosotros nos defenderemos", ha agregado el abogado, quien ha esperado que la causa se archive cuanto antes para evitar más daño a la imagen pública del presidente de la Diputación, pues sostiene que no hay "ni el más mínimo indicio ni rastro de actividad delictiva".

El representante legal de Fomento Territorial ha eludido por su parte hacer declaraciones a la espera de la decisión del juez.