El proyecto de ley que modifica tres artículos la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), con el fin de permitir la regularización de edificaciones residenciales aisladas en suelo no urbanizable, ha superado este miércoles el debate de totalidad en el Pleno del Parlamento. Ningún grupo ha presentado enmienda a la totalidad por lo que la iniciativa seguirá su tramitación en comisión parlamentaria.

Durante su intervención ante la Cámara, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha explicado que la norma dará seguridad jurídica a titulares de viviendas localizadas en pequeñas parcelaciones sobre las que ya no se pueden ejercer acciones disciplinarias, al abrir la posibilidad de aplicarles el régimen de asimilado al de fuera de ordenación (AFO).

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio calcula que entre 20.000 y 25.000 inmuebles podrían acogerse a esta medida. De acuerdo con los cambios introducidos, las edificaciones residenciales aisladas en las que ya ha prescrito el plazo de restitución de la legalidad urbanística podrán regularizar su situación siempre y cuando tengan al menos seis años de antigüedad, no estén situadas en zonas inundables o de especial protección y no estén afectadas por expedientes administrativos.

Los propietarios podrán inscribir los inmuebles en los registros de la propiedad y acceder a los servicios básicos de luz y agua. Asimismo, deberán adoptar medidas correctoras urgentes para eliminar los impactos paisajísticos o ambientales que pudieran haberse producido, especialmente sobre los recursos hídricos.

En el caso de edificaciones en parcelas que tengan la condición de asentamientos, la regularización se realizará a través de la incorporación de los mismos al planeamiento urbanístico.

Además de la modificación de los artículos, la norma incluye también tres disposiciones adicionales dirigidas a reforzar el proceso de identificación de edificaciones en suelo no urbanizable, garantizar el acceso a la información de las mismas y facilitar su registro en caso de regularización.

En la primera de estas disposiciones se establece que los ayuntamientos deberán iniciar en un plazo de dos años la redacción del avance de planeamiento, instrumento necesario para la identificación de las viviendas y la aplicación del régimen AFO.

La segunda obliga a las corporaciones a responder en un plazo máximo de dos meses a las consultas planteadas por la ciudadanía en relación al régimen urbanístico aplicable a los terrenos y edificaciones en suelo no urbanizable. Finalmente, la tercera introduce un régimen complementario al del AFO con el fin de poder hacer efectivo el trámite del registro de las propiedades regularizadas.

PP-A

Ve una solución "muy parcial"

En el turno de intervención de los grupos, la diputada del PP-A Patricia Navarro ha dicho que este proyecto de ley es una solución "muy parcial" a una problemática "demasiado amplia y casi global", cuyo "principal responsable" es la Junta. Ha insistido en que el alcance de la norma es "limitado", supone "matar moscas a cañonazos" y es fruto de las "cortas miras" del Ejecutivo de Susana Díaz.

Navarro ha dicho que su formación se congratula por las más de 25.000 familias que con esta nueva ley se pueden quedar "más tranquilas" aunque su vivienda siga sin ser legal. No obstante, ha advertido de que hay otras 275.000 familias para las que este proyecto supone "un agravio comparativo y una vulneración del derecho a la igualdad, tal y como se recoge en el dictamen del Consultivo".

La diputada de Podemos Mercedes Barranco ha dicho que este proyecto de ley es un "parche a una herida que no deja de sangrar" y que se pretende "tapar las vergüenzas" del Gobierno andaluz y dar "amparo" a quienes incumplieron la ley. En su opinión, lo urgente no debería ser dar amparo a estas personas, sino acabar con la especulación y dar una solución real a los afectados. Así, ha abogado por estudiar "caso a caso" y no por un "amnistía generalizada".

Por su parte, la diputada de C's Irene Rivera ha dicho que esta Cámara no puede seguir ignorando los errores del pasado en materia urbanística y ha abogado por olvidarse de las siglas de los partidos y ofrecer soluciones a los afectados. "Las leyes no pueden ser inamovibles, sino que tienen que adaptarse a la realidad social", ha añadido Rivera, quien ha aplaudido esta modificación normativa aunque su formación teme que pueda quedarse "corta".

La diputada de IULV-CA Inmaculada Nieto ha dicho que las aportaciones de su grupo ya están incluidas en este proyecto de ley, en tanto ha recordado que es producto del acuerdo de PSOE-A e IULV-CA en la pasada legislatura. Así, se ha referido, por ejemplo, a que el proyecto de ley haga referencia solo a viviendas y nunca a asentamientos urbanísticos o al papel de la Junta para actuar de oficio en caso de que los ayuntamientos no identifiquen las edificaciones en suelo no urbanizable en un plazo de dos años.

Finalmente, el diputado del PSOE-A Julio Millán ha advertido de que esta modificación legal tiene un "gran calado social" y ha criticado la "pinza" de PP-A y Podemos en contra de este proyecto de ley que, según ha reconocido, "tenía que haber llegado antes". "Pero los afectados saben que el freno no ha sido el PSOE", ha defendido el parlamentario quien ha pedido a este colectivo que no tenga duda de que los socialistas serán "todo lo flexible" que puedan con su problemática durante la tramitación de esta ley.