El PP rechaza reconocer la retroactividad a los dependientes de grado I desde el 1 de julio y dotar financiación

El PP ha rechazado con sus votos una Proposición No de Ley (PNL) propuesta por el Grupo Socialista para que el acceso a las prestaciones o servicios reconocidos a dependientes de Grado I se produzca con efecto retroactivo desde el 1 de julio y establecer financiación suficiente para ello, además de exigir al Gobierno central que aporte para ello.
Pleno de las Cortes
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EUROPA PRESS
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El PP ha rechazado con sus votos una Proposición No de Ley (PNL) propuesta por el Grupo Socialista para que el acceso a las prestaciones o servicios reconocidos a dependientes de Grado I se produzca con efecto retroactivo desde el 1 de julio y establecer financiación suficiente para ello, además de exigir al Gobierno central que aporte para ello.

El Grupo Popular ha rechazado la PNL con sus votos en tercera votación después de dos empates anteriores, dado que todos los grupos de la oposición, PSOE, Mixto, Podemos y Ciudadanos han apoyado la iniciativa socialista.

La procuradora socialista Marta Olmedo ha defendido la PNL para responder así a sucesivas moratorias del Gobierno central a la incorporación de los dependientes de Grado I, que se ha hecho efectiva finalmente el 1 de julio de 2015, pero que tardarán en recibir sus prestaciones hasta seis meses, plazo que tiene la Junta para una resolución sobre cada expediente.

Olmedo ha explicado que a 1 de julio, tras la espera para acceder al derecho de más de 21.000 personas entre tres años y medio y dos años y medio, Familia ha remitido cartas a las personas afectadas por la demora para informarles sobre la incorporación al sistema, pero les indica que desde el momento en que se dicte resolución.

A este respecto, ha criticado que la la Consejería vendiera el "drama" de la demora producida como un "éxito" y ha censurado una respuesta de la Junta a unas expectativas creadas por el propio departamento que ahora dirige Alicia García, que "no corresponde a una comunidad con sobresaliente" en la aplicación de la Ley de Dependencia.

Olmedo ha acusado a la Junta de "jugar con los números y los derechos de las personas", ya que en agosto había 16.638 personas en espera, según el Sistema, lo que supone aplicar una nueva moratoria, cuando las personas con dependencia moderada "no pueden esperar más".

Así, considera que "ha faltado previsión, interés y compromiso" o bien es una forma de "ajustar presupuestos", por ello ha reclamado que se aplique la retroactividad en las prestaciones una vez que se resuelvan los expedientes.

La procuradora socialista ha acusado al PP de Castilla y León de falta de voluntad y de tener razones presupuestarias para no aplicar la retroactividad, que considera que sí se puede aplicar en cuestiones como la prestación económica vinculada o los cuidados en el entorno familiar, frente a lo defendido por el PP, y ha criticado que las políticas 'populares' hayan supuesto una "demolición controlada" de la Dependencia.

Frente a ello, la procuradora del PP María del Mar González Pereda, los argumentos del PSOE "no se ajustan a la verdad" porque los criterios aplicados son los que establece la Ley, pero además nunca se ha aplicado una suspensión de dos años en la prestación económica y ha asegurado que la Junta resuelve las solicitudes con normalidad y los beneficiarios reciben la prestación inmediatamente.

Además, considera que los socialistas hacen una interpretación "engañosa" y carecen de toda credibilidad, pero además considera que la petición de retroactividad supondría incumplir la Ley aprobada en 2006, que precisamente eliminaba esta posibilidad, algo que estableció el PSOE. En la misma línea, ha señalado que hay casos en los que no se puede aplicar una retroactividad y ha preguntado si lo que pretenden es que se retroceda en el tiempo seis meses.

González Pereda ha señalado que la financiación de la dependencia debe ajustarse a las necesidades del coste del servicio, pero ha incidido en que el desfase entre dependencia y financiación se estableció con el gobierno de Zapatero.

Tras recordar que la Comunidad tiene un "sobresaliente" en la aplicación de la Dependencia, ha planteado una enmienda de sustitución para "seguir trabajando" en los buenos resultados obtenidos por Castilla y León esta materia, para lo que se insta a la Junta a agilizar los expedientes de dependientes de Grado I para su resolución en el menor plazo de tiempo posible. Asimismo, ha propuesto instar al Gobierno para que, "como en años anteriores", haga frente a los costes para garantizar las prestaciones.

Apoyo de toda la oposición

Por el contrario, todos los grupos de la oposición han apoyado la PNL socialista y han coincidido en señalar los "recortes" que ha llevado a cabo el Gobierno del PP en la Ley de Dependencia, como ha explicado el procurador de IU-Equo, José Sarrión, quien ha incidido en los retrocesos "muy importantes" que ha supuesto.

Además, el procurador ha señalado la importancia que tienen estas ayudas para contribuir a la igualdad, ya que la mayoría de las personas que llevan a cabo los cuidados son mujeres en una sociedad en la que aún hay una cultura "patriarcal y machista".

Por ello, ha abogado por agilizar y restituir las ayudas y resolver "con urgencia" una situación que afecta a 16.000 personas.

Por su parte, Luis Mariano Santos también ha incidido en los recortes y sus consecuencias cuando se debería celebrar el octavo aniversario de una ley que "debería haber puesto el último pilar del Estado del Bienestar", pero se ha "podado hasta no dejarla ni brotar".

En esta misma línea, el procurador de Ciudadanos Manuel Mitadiel ha abogado por que termine la política de "ganar tiempo" porque otros "lo pierden en calidad de vida" y ha expresado su apoyo a la NL para que en el próximo ejercicio se afronte un reparto presupuestario que permita atender a todos los dependientes, aunque sea progresivamente, para lo que considera que hay que detraer fondos de los gastos "superfluos".

Además, ha afirmado que la "valoración de diez" en Dependencia es verdad cuando se ha reconocido el derecho, pero el problema está "antes", en el camino "tortuoso" que se hace recorrer a las personas para su reconocimiento y tras las "argucias legales" para establecer demoras.

Finalmente, la procuradora de Podemos María Josefa Rodríguez ha apuntado en la misma línea que IU, en la importancia que tiene la Dependencia en relación a la igualdad, con un 95 por ciento de mujeres cuidadoras y ha señalado que para muchos estos derechos son la diferencia entre "una vida digna y una muerte a plazos", por lo que ha apoyado la iniciativa. Asimismo, ha incidido en que las personas para el PP son "números" y parecen "daños colaterales" de los "abusos" de quienes tienen el poder.

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