Ecologistas piden la mediación del Defensor del Pueblo Andaluz para controlar los ruidos en Cabo de Gata-Níjar

La asociación 'Amigos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar' ha solicitado a la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz que medie ante el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía para que procedan a elaborar un mapa de ruidos "que garantice la adopción de medidas acústicas adecuadas" y el "derecho a disfrutar del Medio Ambiente" en este espacio protegido.

La asociación 'Amigos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar' ha solicitado a la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz que medie ante el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía para que procedan a elaborar un mapa de ruidos "que garantice la adopción de medidas acústicas adecuadas" y el "derecho a disfrutar del Medio Ambiente" en este espacio protegido.

La queja, consultada por Europa Press, entiende que el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, puede realizar intermediación e interlocución entre ambas administraciones dirigida a que implementen planes de ruidos que señalen cuáles son las áreas de sensibilidad acústica y las zonas acústicamente saturadas.

La iniciativa del colectivo conservacionista llega después de que el Juzgado de lo Contencioso-administrativo 1 de Almería, que ordenó en 2014 al Ayuntamiento de Níjar a que adoptase medidas para el control de la contaminación acústica en el parque natural, haya concluido recientemente que este inició las "oportunas actuaciones tendentes a la finalidad pretendida" y que el "éxito" o no de las mismas para conseguir este objetivo "no se ha demostrado como achacable al Consistorio".

Apuntó, en esta línea, que la medida cautelar que dictó en junio del pasado año a raíz de la demanda de 'Amigos del Parque' sirvió para que el Consistorio "desarrollará la actividad que se perseguía", que era el "articulado de la ordenanza de protección contra la contaminación acústica" tal y como se había aprobado en pleno en 2013. Por este motivo, rechazó condenar a la administración local ya que "se manifiesta un avance en la consecución del objetivo".

El juez de lo Contencioso-administrativo también resolvió en cuanto al mapa de ruidos cuya elaboración también se aprobó en pleno en julio de 2012, sería en el caso de Níjar "competencia autonómica" aunque matizaba que ello no era óbice para que el ente municipal pueda llevar a cabo acciones tendentes a elaborar tal mapa

En su queja ante la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, el colectivo, que señala los núcleos costeros Aguamarga, San José, Las Negras o Rodalquilar como puntos más afectados por los ruidos, argumenta que el Ayuntamiento de Níjar asumió las competencias en virtud del acuerdo plenario de 2012 y de otro posterior de agosto de 2014 por el que acordó la apertura de un periodo de información previa para el estudio y recogida de aportaciones al borrador de Ordenanza municipal de protección contra la contaminación acústica.

Traslada, en este línea, respecto a una eventual "falta de medios materiales ni medios económicos", que ayuntamientos limítrofes como el Ayuntamiento de Almería han sacado a licitación un mapa de ruidos y que los principales de la provincia como Roquetas de Mar, El Ejido y Adra lo tienen. "Un término municipal tan extenso como Nijar con núcleos de población con alta densidad no puede omitir esta necesidad, por lo tanto es necesario que se aprueben este tipo de medidas", remarca.

'Amigos del Parque' apunta, al hilo de esto, que el Ayuntamiento de Nijar ha tenido hasta tres presupuestos municipales para incluir la licitación de un mapa de ruidos e aboga por que, "dado que somos conocedores de las limitaciones materiales del Ayuntamiento en cuanto a personal técnico", se puedan "explorar otras vías de auxilio administrativo con la Diputación Provincial de Almería y Junta de Andalucía, cuestiones —añade— que serian más propios de criterios de oportunidad política que oportunidad legal".

Por último, la asociación indica que no pretende "en ningún caso" limitar la autorización de actividades deportivas y apertura de establecimiento hosteleros sino "establecer un marco de dialogo en la sociedad civil y la adopción de medidas contra los ruidos para garantizar una adecuada armonía entre un adecuado disfrute y protección del medio ambiente urbano y la generación económica ligada al turismo".

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