Alejandro Feliu niega haber participado en la creación de dos sociedades panameñas para ocultar fondos

El abogado Alejandro Feliu, socio del Bufete Feliu -investigado en varios procesos judiciales por numerosas estafas y defraudaciones a Hacienda-, ha negado en la Audiencia Provincial de Baleares haber ayudado en la creación de dos sociedades panameñas con el objetivo de ocultar fondos así como la titularidad de las mismas.

El abogado Alejandro Feliu, socio del Bufete Feliu -investigado en varios procesos judiciales por numerosas estafas y defraudaciones a Hacienda-, ha negado en la Audiencia Provincial de Baleares haber ayudado en la creación de dos sociedades panameñas con el objetivo de ocultar fondos así como la titularidad de las mismas.

Así lo ha puesto de manifiesto durante el juicio que desde este lunes se celebra contra Feliu, así como otros cuatro acusados, por presuntamente haber intervenido en diversas operaciones con las que eludir el pago de más de 3,3 millones de euros al fisco y a blanquear 3,7 millones mediante la compra de distintos inmuebles en Mallorca a través de las anteriores mercantiles. La Fiscalía reclama 16 años de cárcel para el abogado mallorquín.

Tal y como ha recordado Feliu, otro de los procesados, el propietario del patrimonio adquirido mediante ganancias ilícitas en Reino Unido, Peter Brian Bradley, se personó en su bufete para asesorarse de cara a la creación de dos sociedades panameñas de inversión, una operación con la que, ha asegurado, "no se pretendía ocultar la procedencia de los fondos destinados" a ello.

"Lo normal era que los clientes adquiriesen sociedades", ha manifestado Feliu, quien ha recordado, a preguntas del fiscal Juan Carrau, que Bradley comentó que "tenía un problema con su exmujer" y que quería dos sociedades panameñas de inversión por las ventajas fiscales que ello conllevaba.

De hecho, ha resaltado que cuando Hacienda le preguntó quiénes eran los propietarios "no tuve problema en decirlo porque no había ánimo de ocultar nada". Feliu ha explicado que los clientes podían solicitar la creacion de sociedades panameñas, si bien la operación "la encargábamos a otros compañeros".

Según la Fiscalía, tanto Feliu como Alejandro Bellapart, quien también habría ayudado en la creación de mecanismos de ocultación y para el que la acusación reclama tres años de prisión, proporcionaron los medios necesarios -sociedades en paraísos fiscales, cuentas corrientes puente para evitar identificar al titular de los fondos, y pagos en efectivo- para ayudar a Bradley en su actividad delictiva.

Se puso en marcha así un esquema de empresas 'pantallas' a fin de que la Agencia Tributaria fuese incapaz de exigir y controlar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias, al tiempo que se ocultaba a las autoridades judiciales el origen delictivo de los fondos, además de permitir que los bienes que Bradley iba a obtener y disfrutar eludieran el correcto pago de los distintos impuestos y sacara de este modo sustanciosos provechos económicos.

Unos hechos que, sin embargo, ha negado de forma tajante Feliu, quien ha subrayado que si prestaban sus medios y abonaban los gastos de este tipo de actuaciones no era con fines delictivos. "Era algo normalísimo", ha recalcado el letrado, aseverando incluso que si su secretaria y supuesta testaferro, Maria Antònia Ferragut -también acusada- figuraba en las sociedades es porque "no había más personas disponibles".

Uno de los acusados niega haber simulado precios

Por su parte, Bradley, defendido por el letrado Cristóbal Martell, ha asegurado durante su declaración que nunca ha dado instrucciones a abogados para simular determinadas operaciones o manipular la escritura de inmuebles para que figurase un precio u otro. El británico, defendido por el abogado Fernando Mateas, ha asegurado que en todas las compraventas que hizo en España el precio que hizo constar "era el correcto".

"Nunca he simulado ningún precio en la adquisición de un bien", ha sentenciado el acusado, asistido durante todo el interrogatorio por una intérprete. La Fiscalía 12 años de cárcel para el inculpado. El juicio continuará este martes con la declaración del resto de acusados.

El fiscal relata, no obstante, cómo en el año 2003 Bradley afloró fondos por un valor total de 3,7 millones de euros, por lo que debía haber tributado una cuota del IRPF de 1,6 millones. Mientras tanto, durante 2004 operó con 3,3 millones y eludió declarar 1,4. Finalmente, en 2006 obtuvo una renta de 1,2 millones por la venta por 3,7 millones de un inmueble que había adquirido por 1,4, defraudando al fisco 187.839 euros.

Además de reclamar cuantiosas multas para cada uno de los acusados, la Fiscalía solicita el comiso de los inmuebles adquiridos o el equivalente al valor de lo blanqueado (3,71 millones de euros). También pide que Bradley haga frente al pago de los 3,3 millones defraudados a Hacienda, y que Feliu responda de forma subsidiaria.

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