La Fiscalía del Principado de Asturias solicita dos años y medio de prisión para un hostelero, administrador único de una empresa de catering de Pruvia (Llanera), acusado de defraudar a la Hacienda Pública más de 330.000 euros, al no declarar deliberadamente cantidades cobradas a clientes de su negocio, que habrían pagado sumas superiores a los importes facturados.

La vista oral se inició ha iniciado este lunes 5 de octubre de 2015, en el Juzgado de lo Penal número dos de Oviedo. En principio, está previsto que continúe los próximos días 7, 9, 14, 19 y 26 de este mes de octubre.

La sociedad de la que es administrador único el acusado, se constituyó en el año 2005. Su objeto social son servicios, elaboración y venta de alimentos para ser consumidos en raciones o al por mayor fuera del establecimiento, en la modalidad de servicio de catering, así como todos los servicios complementarios para la celebración de estos actos. En diciembre de 2012 cambió su domicilio social desde Madrid a Pruvia (Llanera), aunque la sociedad siempre ha ejercido la gestión y dirección de sus negocios desde este último lugar.

La Fiscalía sostiene que los ingresos contenidos en las declaraciones de la empresa por el Impuesto sobre Sociedades correspondientes a los ejercicios 2007 y 2008 no se ajustan a su actividad real, pues omiten deliberadamente la contabilización de cantidades cobradas a clientes que pagaron sumas superiores al importe facturado. En las facturas constaban menos comensales que los que realmente asistían a las celebraciones. El Ministerio Fiscal mantiene que en el ejercicio 2007 el acusado dejó de ingresar una cuota de 146.322,13 euros y, en el de 2008, un total de 186.050,95 euros.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de dos delitos contra la Hacienda Pública y solicita que se condene al acusado a dos años y seis meses de prisión, multas por valor de 332.373,08 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, pérdida del derecho a percibir ayudas o subvenciones públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante seis años y pago de las costas procesales.