Los cuatro grupos parlamentarios de la oposición, PSOE, Mixto, Ciudadanos y Podemos, han criticado que la Junta de Castilla y León describa una situación "idílica" en la atención sanitaria a inmigrantes irregulares tras la entrada en vigor del Real Decreto 16/2012, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, cuya derogación han pedido porque consideran que se ha aplicado por ideología "neoliberal" y ha supuesto la pérdida de la universalidad en la atención.

Así se han expresado en el marco de la comparecencia del consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, a solicitud para explicar la atención a inmigrantes irregulares desde la entrada en vigor del Real Decreto.

En este contexto, la portavoz socialista en la Comisión de Sanidad, Mercedes Martín, ha criticado la situación "idílica" que se ha descrito tras la entrada en vigor del Real Decreto, al tiempo que se reconoce que "se llevó por delante" el principio básico de universalidad que se ha "negado" durante tres años.

Además, la socialista ha incidido en que el consejero ha defendido tanto esta normativa, cuya derogación han pedido diversos sectores y organismos, como su aplicación, que ha supuesto la "exclusión generalizada" de muchos sectores ciudadanos de la sanidad pública.

Por ello, ha reclamado al PP que se "deje de parches y lecturas suaves" y se comprometa a trabajar con los socialistas para "recuperar" la universalidad de la atención que "se hizo realidad hace 30 años" y se eliminó con esta normativa.

"silencio y miedo"

En esta línea, Martín ha explicado que el objetivo no es hablar de casos concretos, pero ha asegurado que ha habido personas que han sufrido "en silencio" una falta de atención por falta de información, "inseguridad" y "miedo" que les ha impedido acercarse para recibir atención sanitaria y ha cuestionado qué ha ocurrido con enfermos de cáncer o nefropatías graves, si han tenido un seguimiento o si ha tratado a todos adecuadamente ante las dificultades para expender recetas.

Como solución, ha pedido volver "al punto de partida" con la derogación del Real Decreto y no con una medida "electoralista" como la que propone ahora el Gobierno y atender la reclamación de las comunidades autónomas.

En la misma línea se ha manifestado la portavoz de Podemos, Isabel Muñoz, quien ha pedido la derogación de esta normativa y ha destacado la "esquizofrenia" del PP, que "dice una cosa y hace otra", asegura que va a cumplir el decreto y a la vez que atiende a los inmigrantes irregulares. "Pone una vela a Dios y otra al Diablo", ha asegurado la procuradora, quien ha añadido que "o está haciendo una cosa o la otra".

Además, cree que esta situación responde a una "ideología neoliberal" que propicia todas estas medidas, que pasan por el desmantelamiento de los servicios públicos y dejar sin derechos reconocidos por una cuestión mercantil, "por ahorrar dinero", tras lo que ha calificado de "miseria moral" permitir que estas personas trabajen en la economía "sumergida" y se les deje al margen de los derechos sociales.

Muñoz también ha hecho hincapié en que de esta manera las urgencias resultan más caras para la sanidad pública, pero además cree que se impide un seguimiento de las enfermedades crónicas y se corre el riesgo de no atender las de transmisión ahora que hay un crecimiento de la tuberculosis y el sida y muchas personas proceden de países subdesarrollados en los que estas patologías tienen presencia.

Distintas realidades

Por su parte, el procurador de IU-Equo y portavoz del Grupo Mixto, José Sarrión, considera que es "peligrosísimo" el hecho de que haya una diferente percepción de la realidad del consejero y de la oposición porque "una cosa es discrepar en la forma de solucionar los problemas y otra la realidad".

En este sentido, ha aclarado que su formación ha obtenido información de las plataformas por la Sanidad Pública de la Comunidad, que han mantenido que no se ha atendido a muchos inmigrantes irregulares o que se ha hecho al margen del sistema, ya que algunos médicos han pasado consultas voluntariamente a estas personas y han tenido que elegir entre "el código deontológico y lo que manda la Administración".

Sarrión ha manifestado su preocupación especialmente por cuestiones como el acceso a los historiales médicos de estas personas, el hecho de que muchas de estas personas afectadas que accede a consultas no lo haga a especialistas o a las intervenciones quirúrgicas y en muchos casos lo hagan a través de urgencias con el "compromiso de pago" o la falta de cobertura farmacéutica cuando acuden a consultas con "voluntarios".

Asimismo, ha incidido en al importancia del tratamiento de irregulares que puedan padecer VIH o que ejerzan la prostitución, que también tienen dificultades de protección sanitaria que en algunos casos son paliados por las ong.

También el portavoz de Ciudadanos, Manuel Mitadiel, ha criticado la situación "idílica" que el consejero describe, que duda de si es real o no, así como la confusión que se ha generado, con médicos sin criterios claros, que no saben qué casos derivar a la Atención Especializada, etcétera.

Mitadiel ha señalado que la atención sanitaria no sólo es necesaria por "solidaridad" sino porque puede plantear problemas de salud general como parasitosis o transmisión de enfermedades de otro tipo, por lo que ha abogado por resolver el problema "de forma coordinada", sin que se cuestione la sostenibilidad del Sistema pero haya una reciprocidad. A este respecto, ha recordado que aunque todos piensen en los inmigrantes irregulares ahora hay muchos españoles que han ido al extranjero, por lo que también ha pedido la derogación del citado Real Decreto.

Por su parte, el portavoz 'popular' en la Comisión, Alejandro Vázquez, ha justificado las causas por las que se puso en marcha la normativa, para evitar que la tarjeta sanitaria estuviera sólo vinculada al empadronamiento o solucionar cuestiones como la financiación de la atención cuando corresponde a otros países, por ejemplo, y ha defendido el hecho de que en Castilla y León se haya prestado la atención a las personas que habían perdido la tarjeta por la entrada en vigor del Real Decreto.