La Mesa del Parlamento se reunirá este lunes, a las 12,00 horas y en sesión extraordinaria, para votar de nuevo la tramitación de las proposiciones de ley de PP-A y Podemos, sobre eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, y de cuentas abiertas, respectivamente, cuya tramitación ha sido rechazada, en al menos tres ocasiones, con los votos en contra de PSOE-A y la abstención de Ciudadanos (C's).

El presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, ha convocado esta nueva Mesa después de que el portavoz parlamentario de C's, Juan Marín, así lo reclamara durante la última Junta de Portavoces, donde anunció que su grupo cambiaría su pronunciamiento, pasando de la abstención al voto a favor, tras conocer el informe del letrado mayor, Javier Pardo, sobre este asunto.

Como se recordará, el citado informe concluía que ambas iniciativas "cumplen los requisitos para su admisión a trámite quedando en condiciones de ser incluidas en el orden del día del Pleno para su toma en consideración". Si bien, Durán explicaba el jueves a los medios que en el caso de que sean tramitadas favorablemente en la Mesa podrían ir al Pleno del Parlamento en unos 15 o 20 días.

Como ha ocurrido en las votaciones anteriores, los miembros de PP-A, Podemos e IULV-CA en la Mesa votarán este lunes a favor de la tramitación de ambas iniciativas, mientras que el PSOE-A volverá a votar en contra, ya que, según ha manifestado a Europa Press fuentes del grupo socialista, no darán luz verde a la tramitación de proposiciones de ley que afecten a presupuestos autonómicos "presentes o futuros".

El miércoles, la Junta de Portavoces dio luz verde a la resolución planteada por Durán a los grupos que supone aumentar los requisitos para la tramitación de las proposiciones de ley, mientras que también afectará a los proyectos de ley del Gobierno. Dicha resolución, que ha entrado en vigor este viernes tras publicarse en el Boletín Oficial del Parlamento andaluz (BOPA), fue aprobada con los votos favorables de PSOE-A y Ciudadanos, mientras que fue rechazada por PP-A, Podemos e IULV-CA.

La propia resolución incluye, en una disposición transitoria, que lo dispuesto en la misma será de aplicación a los proyectos y proposiciones de ley que a su entrada en vigor se encuentren pendientes de debate de totalidad o toma en consideración, respectivamente. De este modo, las iniciativas de PP-A y Podemos que se someten este lunes a votación deberán cumplir los citados requisitos.

En la resolución del presidente, consultada por Europa Press en el BOPA y que también se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), se indica que los artículos 109.1 y 123 del Reglamento del Parlamento establecen que tanto los proyectos como las proposiciones de ley se presentarán acompañados de una exposición de motivos y de "los antecedentes necesarios" para poder pronunciarse sobre ellos.

Según se indica, esto "no es nada extraño, puesto que, en la línea marcada por el artículo 88 de la Constitución española, todos los reglamentos parlamentarios de nuestro país —Congreso, Senado y parlamentos de comunidades autónomas— se han pronunciado en favor de exigir idéntica obligación para ambos tipos de iniciativas".

En este sentido, en la resolución de Durán se señala que la expresión "antecedentes necesarios" de los artículos 109.1 y 123 del Reglamento del Parlamento comprende al menos la siguiente documentación: exposición de motivos que deberán contener las razones, es decir, los fines y objetivos del cambio normativo, así como glosar sus principales innovaciones, y un "cálculo estimado del coste económico" que supondría su aprobación.

Se apunta que los grupos parlamentarios podrán solicitar las informaciones que precisen de los servicios de la Cámara.

De otro lado, se indica que en los proyectos de ley, el texto de la iniciativa irá acompañado inexcusablemente del correspondiente dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía y que el informe de los Servicios Jurídicos del Parlamento se realizará, con idéntico contenido, antes de su toma en consideración, en el mismo plazo de quince días concedido al Consejo de Gobierno para que manifieste su criterio o conformidad de acuerdo con lo previsto en el artículo 190.1 del Estatuto de Autonomía.