El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha defendido este jueves que la decisión de devolver ahora a los funcionarios la paga extraordinaria de la Navidad de 2012 se debe a la "recuperación de la economía, que es tangible y antes no existía", y ha negado ninguna relación de esta medida con la proximidad de las elecciones generales.

"Hay quien dice que tomamos estas medidas porque estamos al final de la legislatura, pero con lo que tiene que ver es con la recuperación económica, que es tangible y no existía antes. Tiene que ver con la mejora de las finanzas públicas del Estado, que hoy pueden afrontar esos desembolsos gracias a una mayor recaudación", ha afirmado Montoro durante el debate de convalidación del decreto en el Pleno del Congreso.

Y es que, cuando "la legislatura toca a su fin", el Ejecutivo considera "muy necesario" que "todas las necesidades objetivas" que se recogen en el decreto sean "atendidas de manera inmediata".

Además, el titular de Hacienda ha aprovechado su discurso para defender la decisión de "aplazar" el pago de esta paga extra en julio de 2012, ante la "crítica" situación que atravesaba España y que estaba empujando al país hacia el "rescate".

"Ahora que las condiciones económicas y presupuestarias lo permiten, gracias a que la situación ha sido corregida gracias a la política económica de estos años, estamos haciendo frente al compromiso, estamos cumpliendo", ha insistido Montoro, recordando que desde un primer momento se habló de un aplazamiento del pago y no de una eliminación.

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No como el psoe

En este punto, ha afirmado que esta medida "no tuvo nada que ver" con la que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tomó en 2010, cuando "recortó" las nóminas de todos los funcionarios un 5% de media mientras la inflación superaba el 3%.

Además, ha recordado que la devolución de la extra ya comenzó el pasado mes de enero, cuando los funcionarios cobraron una cuarta parta que ya se está completando con otro 'cuartillo', recogido en las nóminas de octubre, y que se completará con el 50% restante el año que viene, tal y como está recogido en los Presupuestos del Estado. El resto de administraciones públicas la devolverán cuando su situación financiera lo permita.

"Este decreto viene a corregir lo que hicimos, pero lo hicimos en el momento en que había que hacerlo para sacar al país de la crisis", ha insistido el titular de Hacienda, proclamando que con esta medida se "devuelve el esfuerzo" a los funcionarios y se les dice que "tienen todo el derecho a encontrar una recompensa por lo que han aportado para dar la vuelta a la economía española en un tiempo récord".

Junto con la devolución de un 'cuartillo' de la extra navideña de hace tres ejercicios, el decreto ley prevé también la restitución de los llamados 'moscosos' y 'canosos' a la situación de 2011, gracias a la mejora de la tasa de reposición que hubo que congelar porque las plantillas habían alcanzado una dimensión "infinanciable".

Más deuda

Para financiar estas medidas, el decreto ley autoriza al Estado a aumentar su deuda en 630,5 millones de euros, de los que 252 millones irán directamente a las nóminas de los funcionarios. Otros 262 millones servirán para que el Ministerio de Fomento pueda pagar obligaciones de ejercicios anteriores y para que abone el contrato firmado con la empresa que sellará y vaciará el buque petrolero que se hundió hace unos meses en aguas canarias.

El Ministerio de Agricultura, por su parte, recibirá 76,33 millones de euros para pagos pendientes, entre otros los del IBI de varias confederaciones hidrográficas. Mientras que Defensa contará con 20 millones adicionales para adquirir 92 vehículos militares.

El decreto recoge asimismo otras modificaciones legales sin coste presupuestario, como un cambio para que los interventores-secretarios de los ayuntamientos puedan realizar funciones de control de Tesorería, superando así el "problema" que tienen por el exceso de vacantes entre funcionarios con habilitación nacional.

Asimismo, se modifica el sistema de acceso y provisión de personal docente e investigador de universidades públicas y se cambia la ley de Contratos del Estado para que pagar a proveedores en el plazo legal sea una condición de solvencia a la hora de contratar con las administraciones públicas.

"El Gobierno ha decidido intervenir, aunque sea indirectamente, para defender a los actores más débiles frente a las tentaciones de abuso de los más fuertes. Las empresas grandes deberán saber que si no pagan a tiempo a sus proveedores corren el riesgo de no poder contratar con la Administración pública, porque (esos retrasos) no son admisibles", ha explicado Montoro.

Finalmente, se permite conceder anticipos de los ingresos del Estado de 2016 a los 219 ayuntamientos en riesgo financiero para que puedan cancelar deudas con sus proveedores, de modo que se no vean afectados por los retrasos.