La vicepresidenta del Gobierno de Canarias y consejera de Políticas Sociales, Empleo y Vivienda, Patricia Hernández, ha anunciado este martes en comisión parlamentaria que el Ejecutivo va a suprimir los sorteos para acceder a una vivienda pública.

En una comparecencia para dar cuenta de los objetivos de su departamento en esta Legislatura, ha explicado que el Ejecutivo tiene medios suficientes para "evaluar y puntuar las necesidades" de vivienda que tienen los ciudadanos de las islas. "No podemos someter el acceso a la vivienda a la suerte de un número. Vamos a hacer un parámetro de valoración lo más rápido posible", ha destacado.

Hernández ha incidido en que habrá acciones "urgentes" para paliar la pobreza en las islas, pero ha insistido —pese a las críticas de PP y NC— en que se hará un estudio "riguroso" para conocer en profundidad las causas que generan pobreza en las islas, incluso en los periodos de economía boyante.

La vicepresidenta ha reconocido, por ejemplo, que la aplicación de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) "ha fallado" en la pasada Legislatura, y ha avanzado que se destinarán 7,5 millones con cargo a la ley de crédito extraordinario para "ponerse al día" con las nuevas altas y las renovaciones con derecho reconocido.

En cuanto a la dependencia, ha apuntado que los cabildos deben coparticipar en el plan de choque —habrá 1,9 millones adicionales a través del crédito extraordinario—, ha señalado que la nueva ley de Servicios Sociales será debatida con el sector y ha propuesto un plan contra la soledad entre los mayores.

Hernández ha señalado que no llega al Gobierno para "poner parches" sino "sentar las bases" de un proyecto que combata la desigualdad en las islas, y ha explicado que el empleo es la "prioridad", para lo cual tiene un "impacto significativo" la eliminación del Plan Integral de Empleo (PIEC).

La diputada del Grupo Popular, Josefa Luzardo, —que se ha quejado de la escasa duración de la comisión y de que el orden del día se oriente en base a las necesidades del Gobierno— ha lamentado que se quiera hacer un estudio sobre la pobreza cuando "la realidad la dicen los datos": 230.000 hogares afectados por exclusión social, Comunidad donde más ha crecido desigualdad o 50.000 familias sin ingresos.

"No podemos esperar dos años por un diagnóstico, las personas necesitan hechos y soluciones, el hambre no espera", ha explicado, si bien Hernández le replicó que este periodo de análisis no tiene una duración determinada.

Además, ha solicitado información sobre el plan de choque de dependencia y la ley de servicios sociales, y que no haya discriminaciones entre los niños para el programa de comedores escolares.

Un plan contra la pobreza sin "triquiñuelas"

El portavoz del Grupo Mixto, Casimiro Curbelo (ASG), ha apoyado que se haga un análisis de la anterior estrategia contra la pobreza para ver en qué se ha "fallado", y ha remarcado que la realidad "cada día es más complicada" porque el nuevo REF queda para el próximo Gobierno de España, "no se ha tocado" el sistema de financiación, no hay plan de empleo y Canarias puede verse afectada por el "trasfondo económico" de Cataluña ya que "no quieren ser solidarios".

Luis Campos, de Nueva Canarias (NC), ha mostrado "serias dudas" de que con 7,5 millones para la PCI se resuelvan las nuevas incorporaciones y las renovaciones, "a lo mejor ni con el doble", y ha pedido un plan contra la pobreza "con medidas efectivas" y sin "triquiñuelas", como en la pasada Legislatura.

Por Podemos, María del Pino Sánchez ha reclamado medidas contra la pobreza infantil y menores en desamparo y un "sueldo mínimo" para garantizar una vida digna para las amas de casa que están en "situación de vulnerabilidad".

Por el Grupo Socialista, Héctor Gómez ha abogado por rediseñar la "arquitectura" de las políticas activas de empleo, y Teresa Cruz Oval ha incidido en los "estragos" de la crisis desde 2012 debido al "recorte espectacular" del Estado que ha afectado a los servicios y las prestaciones en Canarias, ayudado por la ley de racionalización y sostenibilidad.

Ha dicho que se ha puesto en una situación "complicada" a las corporaciones locales porque "ha dejado en manos de los interventores las políticas sociales", y en esa línea ve "necesaria" la creación de una nueva ley de servicios sociales dado que la última data de 1987.

Elena Luis, del Grupo Nacionalista, ha señalado que "el mayor problema de Canarias es el desempleo", por lo que se debe "combatir" la exclusión social, una tarea para la que se necesita "implicación" de todas las administraciones.

En su opinión, dependencia y discapacidad deben estar "delimitadas" y hay que "revisar" el decreto de copago, y en esa línea, ha señalado que la nueva ley de servicios sociales es una "prioridad" para acercar los servicios al ciudadano.