El sindicato de enseñanza Ustea ha redactado un requerimiento de cara a su presentación ante la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía para reclamar una certificación de horarios como paso previo a judicializar el conflicto de los docentes de Secundaria, que ya investiga la Fiscalía tras una denuncia presentada por la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA).

La responsable de Acción Sindical de Ustea, Purificación Sánchez, ha manifestado a Europa Press que, en este sentido, y ante la "maraña jurídica" existente en torno al particular, todo pasa por que se acepten horarios que "se atengan a la ley" y por que las direcciones "no interpreten la norma, sino que sigan lo establecido y soliciten más profesores".

"Es un trabajo de trileros para evitar lo inevitable: Andalucía necesita más docentes", ha asegurado Sánchez, que apunta a la falta de profesorado como "clave del asunto". "Si la Junta quiere seguir hablando de flexibilidad puede hacerlo, seguirá contando con acciones judiciales si sigue sin darse por aludida", ha remarcado.

Por parte de APIA, que tiene previsto ampliar su denuncia esta misma semana, se acusa a la Consejería de Educación, con su titular, Adelaida de la Calle, a la cabeza, de "haber obrado de forma consciente y deliberada para generar un contexto de inseguridad jurídica en el que cualquier solución sea posible", por lo que solicita a la Fiscalía que identifique a los responsables y valore si sus acciones podrían ser constitutivas del delito de prevaricación de funcionarios públicos.

El presidente del colectivo, Manuel Fernández, ha asegurado que la ampliación de la denuncia se llevará a cabo, en primer lugar, por la omisión de la preceptiva exposición pública, "al menos en lo que a APIA se refiere", de la orden por la que se ha acabado finalmente modificando la normativa que regula la organización y funcionamiento de los institutos.

Una segunda causa tiene que ver con un escrito remitido por el Director General de Ordenación Educativa, precisamente el mismo día de la publicación de la orden, "lo que vendría a reforzar la idea de una actuación previamente meditada y no de un hecho puramente contingente, además de derivar toda la responsabilidad hacia los directores de los centros, amparándose en la autonomía organizativa".

La admisión a trámite de la denuncia es, a juicio de Fernández "un primer paso que indica que nuestra denuncia tiene, como poco, indicios de buen derecho, porque de lo contrario la Fiscalía no la habría admitido". Afirma que ahora todas las opciones están abiertas en la vía penal, "desde el archivo de las diligencias hasta la imputación de los responsables".

Sin embargo, Fernández recuerda que, además de la vía penal, APIA tiene prevista una vía administrativa, para lo que "hemos facilitado a todo el profesorado andaluz un protocolo de actuación que está disponible en nuestra web. Ha concluido lamentando "el alejamiento de la realidad" en el que, a su juicio, se encuentra la consejera de Educación, "quien la semana pasada negaba cualquier tipo de incidencias pero que ahora se encuentra con unas diligencias penales abiertas".