Los sindicatos UGT y CCOO han iniciado esta semana la campaña de recogida de firmas para promover, en el Congreso de los Diputados, una Iniciativa Legislativa Popular que permita proporcionar una prestación de ingresos mínimos para las personas que carecen de recursos. La propuesta, de carácter nacional, ha sido presentada este martes en rueda de prensa en Oviedo y para que salga adelante se necesita un mínimo de 500.000 firmas.

El secretario general de CCOO en Asturias, Antonio Pino, estima que esta ayuda —de 426 euros mensuales— podría beneficiar a un total de 2,1 millones de personas en el conjunto de España, que, "pudiendo y queriendo trabajar, no pueden hacerlo". Según el secretario general de UGT en Asturias, Justo Rodríguez Braga, esta prestación podría otorgarse a 30.791 personas en Asturias —28.127 hogares—.

Por ello, los sindicatos prometen una "fuerte campaña" de recogida de firmas en todo el territorio nacional, bajo el lema 'Yo firmo; es de ley'.

Según las estimaciones de ambas formaciones sindicales, 13 millones de personas se encuentran en riesgo de exclusión social en España, y el 23,4 por ciento de los asturianos se encuentran en esta situación. Con esta situación, Pino entiende que los actuales instrumentos de protección social "no alcanzan a ayudar a todos los que lo necesitan", por lo que, haciéndose eco del lema de la campaña de recogida de firmas, ha estimado que "es de ley" combatir la desigualdad y otorgar esta ayuda, concebida como la "última red de protección sociolaboral para las familias trabajadoras".

Para CCOO y UGT, se trata de una "exigencia social, cívica y democrática" que, de conseguir que siga adelante, se configuraría como un derecho subjetivo, lo que implica que su financiación —estimada en unos 11.000 millones de euros— debería garantizarse por medio de impuestos en los Presupuestos Generales del Estado.

La medida sería incompatible con las prestaciones contributivas y no contributivas del sistema de Seguridad Social, pero compatible con el resto de rentas siempre que sena inferiores al 75 por ciento del salario mínimo interprofesional.

Aliviaría el gasto en salario social

En el ámbito autonómico, Pino ha subrayado la necesidad de poner en marcha esta prestación en colaboración con el Salario Social actualmente en funcionamiento en Asturias, para que las personas en riesgo de exclusión que estén desempleadas o reciban unos ingresos menores del 75 por ciento del salario mínimo interprofesional, reciban una ayuda de 426 euros al mes.

Sobre la aplicación de esta norma en el ámbito regional, Rodríguez Braga ha explicado que la prestación mínima permitiría en Asturias aliviar el gasto en Salario Social y que no supondría la desaparición de esta ayuda porque, aunque ambas son medidas para combatir la exclusión, los requisitos para acceder a ellas no son los mismos.

Con la puesta en marcha de esta iniciativa, en Asturias "se liberarían" recursos del Salario Social que podrían destinarse a otras ayudas de carácter social.