La acreditación del interés general y público de la programación de la Fundación de Los Comunes, que gestiona La Casa Invisible, además de otras cuestiones como resolver, con la Gerencia de Urbanismo, los problemas de seguridad por los que fue clausurado el edificio para actividades de pública concurrencia, serían las líneas en las que trabaja el Ayuntamiento de Málaga para lograr la cesión directa del inmueble, descartando así la convocatoria de un concurso.

Precisamente, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se ha reunido este lunes con los portavoces de los grupos políticos de la oposición con el objetivo de buscar una solución jurídica y constructiva a La Casa Invisible, en la que, pese a estar clausurada para actos de pública concurrencia desde el pasado diciembre, estos colectivos siguen organizando actividades.

Acompañado por cuatro concejales y varios técnicos municipales, así como por representantes de la Secretaría General y de la Asesoría Jurídica del Consistorio, De la Torre ha expuesto a los representantes del PSOE, Ciudadanos y Málaga Ahora —Málaga Para la Gente no ha podido asistir— la situación de este inmueble y los problemas jurídicos y de seguridad para su solución. Tras este encuentro, ha habido otro con representantes de La Casa Invisible.

Desde el equipo de gobierno del PP, la concejala de Cultura, Gemma del Corral, ha trasladado una alternativa legal planteada por Amanda Romero, miembro del equipo jurídico de La Casa Invisible, sobre el título de posesión del edificio. Así, se propone la posibilidad del reconocimiento jurídico de cesión en precario del inmueble desde que se firmó el 17 enero de 2011 el protocolo de intenciones para encauzar la legalización del proyecto con una vigencia de un año.

Esa transmisión en precario se habría prolongado hasta la actualidad a falta de concretar la cesión demanial un vez acreditado el interés general y público de su programación, según la propuesta de los colectivos. Si jurídicamente esto fuera factible, ya no cabría concurso; eso sí, tal y como ha especificado Del Corral, siempre y cuando el proyecto de rehabilitación garantizara la seguridad.

Precisamente, ha informado a Europa Press de que desde este mismo martes se establecerán contactos entre la Gerencia de Urbanismo y el arquitecto responsable del proyecto de rehabilitación propuesto por los colectivos de La Casa Invisible.

Los problemas legales para la cesión directa del inmueble puestos sobre la mesa son la ocupación sin permiso —desde 2007— y la necesidad de acreditar la utilidad pública de la actividad que desarrolla la Fundación de los Comunes.

El portavoz del Partido Popular, Mario Cortés, ha señalado, por su parte, que los problemas jurídicos y constructivos "son subsanables si hay voluntad política", trasladando que, según el secretario, "todo tendría un encaje".

PSOE y Ciudadanos han advertido, sin embargo, de que no pueden pronunciarse sin tener un informe jurídico sobre la situación de este inmueble de calle Nosquera y sin conocer las obras que habría que desarrollar para salvar las deficiencias en materia de seguridad.

De hecho, la portavoz socialista, María Gámez, ha mostrado su "sorpresa" ante la urgencia de este encuentro —convocado en la mañana de este mismo lunes— para, sin embargo, "no ofrecer nada concreto, simplemente se han expuesto las dificultades que tiene el Ayuntamiento para autorizar una actividad que se ejerce en precario".

"El equipo de gobierno no es capaz ni de dar una solución para resolver el problema legalmente ni de impedir que estén ahí", ha alertado Gámez, quien ha hecho hincapié en que "al final su inmovilismo permite el uso del edificio sin más".

Ejemplo de córdoba

En cuanto a la posibilidad de la cesión directa de este inmueble por parte del Ayuntamiento a la Fundación de los Comunes, la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, ha precisado que ya hay ejemplos en otros puntos de España que dan viabilidad legal a esta actuación, citando el colegio Rey Heredia, dado por el Ayuntamiento de Córdoba.

Tras la firma del protocolo de intenciones en 2011 y el paso del año previsto, en marzo de 2012 La Casa Invisible y el Ayuntamiento ultimaron los términos de un convenio de adjudicación directa a la Fundación de los Comunes, que, sin embargo, no llegó a suscribirse.

En ese momento, desde el Consistorio se aludía a los problemas jurídicos que conllevaba la transmisión directa de un bien municipal a un grupo cuyo origen se encontraba al margen de la legalidad, por lo que entonces se abogaba como salida por la convocatoria de un concurso para la gestión de este espacio.

Sobre los problemas de seguridad, los colectivos ya denunciaron el pasado mes de mayo que la decisión de Urbanismo de mantener el cierre del patio se adoptaba sin la visita previa del Real Cuerpo de Bomberos, sin tener en cuenta todos los informes técnicos presentados y sin dar ningún plazo de subsanación.

Al respecto, el informe del Real Cuerpo de Bomberos concluía que el patio debía estar integrado en el estudio y proyecto completo de todo el edificio; no podían diferenciarse riesgos ni condiciones particulares que no afecten a todo el conjunto.

Frente a esto, desde La Casa Invisible defendían el carácter independiente, en lo que a seguridad se refiere, del patio, que es la única zona para acoger actividades de pública concurrencia, ya que el resto está inhabilitado. Un espacio, según argumentaron, en el que se habían ejecutado las obras exigidas para el cumplimiento de las normativas.

Así, justificaban que había una salida independiente y directa a vía pública —calle Andrés Pérez— en caso de evacuación, estando dotado de extintores y de alumbrado de emergencia. Unas actuaciones que se llevaron a cabo con los 20.000 euros conseguidos a través de una campaña de micromecenazgo.

El inmueble de calle Nosquera, del que el Ayuntamiento es el propietario, es gestionado por la Fundación de los Comunes desde 2007, aunque de manera irregular desde principios de 2012.

Cierre cautelar

Para el cierre cautelar en diciembre de 2014 de este inmueble para actividades de pública concurrencia, el Ayuntamiento argumentó un estado de la instalación eléctrica "insuficiente" y "precario" y que no existían las mínimas medidas de protección contra incendios.

Pese a las actuaciones llevadas a cabo en el inmueble, la Gerencia Municipal de Urbanismo decidió, atendiendo a un informe emitido por el Servicio Técnico de Conservación de fecha de 14 de abril, impedir el levantamiento de la clausura cautelar en relación con el patio.

La Fundación de los Comunes elaboró, incluso, un avance del plan director de rehabilitación de este edificio del siglo XIX, situado en los números 9 y 11 de calle Nosquera.

En la idea de fragmentar los costes y simultanear la obra y el uso del inmueble, el plan director, que en su desarrollo podrá ir complementándose con pequeños proyectos, se divide en siete fases, que podrían desarrollarse en igual número de años, siendo el coste total estimado de 950.000 euros.