El Parlamento de Cantabria ha aprobado por unanimidad la ley que establece el régimen sancionador en materia de espectáculos, actividades recreativas en establecimientos públicos —el cual quedó sin cobertura tras la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana de Gobierno central (PP)— a la espera de la elaboración de la Ley regional de Espectáculos Públicos, cuyo proyecto de ley se ha comprometido el Gobierno autonómico (PRC-PSOE) a llevar a la Cámara "pronto" para que pueda ser aprobada.

De hecho, el consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, ha anunciado este lunes en el Pleno que ya se ha elaborado un "primer texto" que puede servir de anteproyecto de esta Ley regional de Espectáculos Públicos, una norma que el Ejecutivo regional quiere aprobar "por consenso" una vez escuchado a todos las partes implicadas, incluyendo a los ayuntamientos.

Esta Ley de Régimen Sancionador, llevada hoy al Pleno por tramitación directa y lectura única, se ha convertido en la primera en aprobarse por el Parlamento de Cantabria de la legislatura.

Todos los grupos han reconocido la necesidad de aprobar "por responsabilidad" esta normativa para cubrir la "laguna" y el "vacío legal" en régimen sancionador sobre espectáculos en establecimientos públicos dejado por la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana, que supuso la derogación de la normativa nacional que regulaba las sanciones e infracciones en Cantabria al no tener una ley propia.

También varios han coincidido en que Cantabria debe contar con una Ley regional de Espectáculos Públicos, entre ellos el PRC, que ha opinado que esta normativa propia que se elabore debe atender a las "nuevas demandas sociales y culturales" y a los distintos "ámbitos de ocio" y que "delimite" las competencias entre las Administraciones.

Por ello, la regionalista Rosa Valdés ha confiado en que, como se ha comprometido el Ejecutivo regional, se pueda contar en la "mayor brevedad posible" esta normativa.

Aunque todos los grupos han coincidido en su voto, este punto del orden del día ha servido también de debate sobre la Ley de Seguridad Ciudadana del Gobierno central, criticada por todos los grupos de la Cámara a excepción del PP.

Críticas a la ley de seguridad ciudadana

Ciudadanos ha calificado esta normativa, conocida también como 'ley mordaza', como un "calentón político"; Podemos ha insistido en su rechazo por considerarla una "grave represión ciudadana" y ha censurado su carácter "antidemocrático" y "autoritario"; el PRC la ha calificado como un "retroceso indubitado de derechos y libertades de la ciudadanía", y el PSOE ha avisado que "en pocos meses" un gobierno socialista en Madrid la "derogará".

En contraposición, la diputada del PP Isabel Urrutia ha censurado que se eche la "culpa" a la Ley Ciudadana de que Cantabria haya estado durante unos meses sin un régimen sancionador de espectáculos con cobertura legal cuando la comunidad autónoma ha tenido años para aprobar su propia ley en esta materia, cuyas competencias le fueron transferidas en 1996.

En ese sentido, ha criticado que se aproveche desde algunos grupos, como el PSOE, "cualquier oportunidad", para criticar al PP, al Gobierno central y a la Ley de Seguridad Ciudadana, que, según ha dicho, no es una "represión" sino una "mordaza a la violencia".

Urrutia también ha pedido al Gobierno regional que lleve el proyecto de ley regional de Espectáculos Públicos "más pronto que tarde" y que en ella "se tenga en cuenta" el trabajo realizado por el anterior Ejecutivo autonómico (PP) en esta materia.

La ley

El proyecto de ley para dar cobertura a este régimen sancionador —no la ha tenido durante todo el verano— fue aprobado en Consejo de Gobierno el pasado 10 de septiembre por el Ejecutivo regional y en ella se establece el régimen sancionador en materia de espectáculos, actividades recreativas y establecimientos públicos.

Según explicó el Ejecutivo entonces, este proyecto de ley se ha elaborado como medida extraordinaria, transitoria y urgente para dar la cobertura legal precisa para garantizar el adecuado desarrollo de los espectáculos públicos y las actividades recreativas, al ser materias de gran trascendencia para la ciudadanía.

El proyecto, que consta de 20 artículos, establece tres tipos de infracciones —muy graves, graves y leves— y un régimen de sanciones económicas que oscila entre los 600.000 y los 300 euros. También se contemplan sanciones no pecuniarias, como la suspensión de las licencias o autorizaciones otorgadas a los establecimientos públicos y la suspensión y prohibición de espectáculos.

Según ha explicado este lunes De la Sierra, la normativa se reduce a establecer el "régimen sancionador preexistente", que "prácticamente se reproduce" en la norma aprobada hoy.

Establece además el procedimiento sancionador y los órganos competentes para el ejercicio de esta potestad, que serán el Consejo de Gobierno en el caso de expedientes incoados por infracciones muy graves, el consejero de Presidencia en los supuestos graves y la secretaria general de este departamento en el caso de infracciones leves.

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