La Asociación de Agentes Locales de Promoción de Empleo, de los Consorcios Utedlt de Andalucía tienen previsto llevar a cabo acciones sorpresa para este miércoles, cuando se cumplen tres años de sus despidos "irregulares" e "ilegales", a su juicio.

Fuentes del colectivo han indicado a Europa Press que "hace tres años la Junta, para evitar cumplir la Ley de Reordenación, nos echó a la calle con un expediente de regulación de empleo (ERE) irregular, que afectó a casi 800 trabajadores de los consorcios Utedlt".

Han explicado que "en todas las provincias se presentaron demandas contra los despidos, algunas se presentaron de forma colectiva, otras individuales, por lo que se produjeron sentencias procedentes de diferentes órganos judiciales, como los juzgados de lo Social, el TSJA o el Tribunal Supremo, pero todas ratificaban la nulidad de los despidos".

Estos trabajadores, que en estos años han protagonizado diversas movilizaciones, lamentan que "después de tres años seguimos en una situación de incertidumbre total, a pesar de que todos los tribunales nos han confirmado la nulidad de los despidos".

Consideran que la Junta "está cometiendo fraude de ley" al no cumplir las sentencias, que implica la subrogación de estos trabajadores al Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

Han explicado que la Junta "ha comenzado a llamar a compañeros que tienen sentencias de ejecución firmes donde se condena a la Junta a que nos readmita, a algunos les han llamado para hacer cursos pero no están cumpliendo la sentencia, porque cumplirla sería readmitirnos en nuestro puesto de trabajo en el SAE, con nuestras mismas funciones, con nuestras mismas condiciones y salarios; no están cumpliendo con las sentencias judiciales".

Por ello, tienen previsto efectuar movilizaciones sorpresa el día 30 y este colectivo está a la espera de que les reciba el secretario general de Empleo y nos enseñe informes jurídicos que, según dice, "le impiden ir readmitiéndonos con normalidad".

"Buscamos solución conjunta para todos los compañeros que estamos en la calle, pues hay juicios de compañeros que se celebrarían en 2017, y eso es una locura y llevaría a la indigencia a esas familias; no podemos ir de uno a uno", han indicado las fuentes, quienes apuntan que "ya se acumulan más de 77 millones de euros del erario público en asuntos judiciales" y han pedido "una solución inmediata, ya, para todo el colectivo".