El fiscal defensor de consumidores ve "urgente" una Ley de Acciones Colectivas tras el caso de Gas Natural

El fiscal encargado de la defensa de los consumidores y usuarios en la Fiscalía Provincial de Córdoba, Fernando Santos Urbaneja, considera que es "urgente" promulgar una Ley de Acciones Colectivas para "la defensa de los consumidores y usuarios, que permita normalizar procedimientos", como el de la demanda colectiva contra Gas Natural Andalucía.

Según expone en la Memoria Anual de la Fiscalía Superior de Andalucía referida al año 2014, a la que ha tenido acceso Europa Press, el procedimiento seguido en Córdoba demuestra que "la ejecución de una acción colectiva-masa, con más de 100.000 afectados y más de diez millones de euros a devolver, es posible".

Si bien, ha advertido de "la necesidad urgente" de dicha Ley, para que este tipo de procedimientos "no se vean retrasados o, en el peor de los casos, abocados al fracaso por la denunciada falta de previsión legal".

En este sentido, en la memoria se califica como "significativa" la actuación del fiscal en defensa de los consumidores a través de la interposición de la demanda colectiva contra Gas Natural Andalucía, que, tras dictarse auto por la Audiencia Provincial de Córdoba el pasado mes de diciembre, "ha supuesto el ingreso en la cuenta corriente de los clientes afectados del importe de una factura indebidamente cobrada". La cantidad devuelta alcanza los siete millones de euros, según se indica en la memoria.

En concreto, el Tribunal Supremo (TS) ratificó en noviembre de 2007 una sentencia de la Audiencia de Córdoba en la que se declaró irregular el cobro que la empresa hizo de los derechos de alta entre 1997 y 2004 y de las instalaciones comunes entre 1997 y 2005 a usuarios de toda Andalucía.

Cabe recordar que la Fiscalía y el Ayuntamiento de Córdoba llevaron el caso a la justicia en 2003 después de recibir varias reclamaciones. Gas Natural Andalucía decidió retirar en julio de 2007 el recurso de casación interpuesto en el Tribunal Supremo contra la sentencia en la que se declaraba que los cobros por derechos de alta y las instalaciones comunes eran indebidos, ya que esos dos aspectos no estaban regulados en la comunidad andaluza.

Participaciones preferentes

Por otra parte, en la memoria anual de la Fiscalía se resalta "la implicación y el compromiso, ciertamente modélico", del fiscal Santos Urbaneja, dado que "su trabajo ha resultado especialmente significativo en la solución de problemas legales planteados por la adquisición de las llamadas participaciones preferentes".

En este caso, indica que ha llevado a cabo "actuaciones preprocesales en el ámbito civil, administrativo e incluso en el ámbito penal y en aquellas situaciones de singular gravedad, alcanzando numerosos acuerdos" —como también ha ocurrido en otras provincias de Andalucía— "con las entidades financieras que habrían optado por la solución del problema sin necesidad de acudir a proceso alguno".

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