El Partido Popular de Cádiz, ante el hecho de que el Tribunal Supremo (TS) haya abierto causa contra la senadora del PP y exalcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García Pelayo, por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa y otro de falsedad en documento público en relación con determinados contratos administrativos realizados para Fitur 2004, ha negado que el Alto Tribunal haya imputado a García Pelayo y ha recordado que la exregidora jerezana ha solicitado por dos veces la declaración voluntaria.

En un comunicado, el PP de Cádiz ha querido salir al paso de algunas informaciones y precisar, entre otras cuestiones, que la admisión a trámite y apertura de causa por el Tribunal Supremo en relación a la contratación de Fitur realizada por el Ayuntamiento de Jerez en el año 2003 "sólo implica que el TS iniciará la investigación que considere oportuna para esclarecer los hechos y en su caso adoptar las decisiones que se deriven de las mismas".

Así, ha destacado que "hasta el momento María José García-Pelayo no se ha manifestado en sede judicial" y ha recordado que "por dos veces" la senadora ha solicitado la declaración voluntaria con el fin de que la tramitación del proceso "se agilice y pueda culminar con la mayor brevedad posible".

A juicio de los populares gaditanos, "se falta a la verdad cuando se afirma que García-Pelayo ha sido imputada por el Tribunal Supremo" y por tanto, el PP de Cádiz ha solicitado "la rectificación de esta expresión porque no se ajusta a la verdad y a pesar de que se una figura jurídica de garantía procesal en el ámbito político supone un menoscabo de la fama de las personas".

Por otro lado, ha indicado que este proceso se ha alargado durante más de 8 años y es "interés" de los populares que la próxima disolución de las cortes "no suponga una interrupción en el desarrollo del mismo y que pueda culminarse su tramitación".

Por último, el PP de Cádiz ha recordado que los hechos investigados "no se refieren a la utilización de dinero público con intereses personales ni de terceras personas vinculadas" y "exclusivamente se centra en la tramitación administrativa de un expediente por lo que cualquier juicio de valor más allá de la realidad de este proceso se aleja del interés de conocer la verdad".