La Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA) está difundiendo entre el profesorado un protocolo de actuación para que los docentes andaluces puedan reclamar el cumplimiento de la legislación vigente y no se vean "aún más perjudicados" en sus condiciones laborales por la situación de "caos normativo" que la "errática" actuación de la Consejería de Educación está provocando respecto a la modificación normativa en lo tocante al horario del profesorado de Secundaria.

APIA ya presentó un escrito ante Fiscalía por este asunto, mientras que el sindicato Ustea, según ha confirmado a Europa Press su responsable de Acción Sindical, Purificación Sánchez, elevará un requerimiento al juzgado para que se faciliten los horarios como paso previo a la presentación de una demanda judicial.

Por otra parte, la asociación ha criticado en un comunicado la "delicada" situación en que la Consejería está colocando a los equipos directivos, fundamentalmente a directores y jefes de estudios, "quienes son, en última instancia, los que se ven forzados a firmar unos horarios que muy difícilmente van a cumplir la legalidad en la situación actual".

A tal efecto, antes de reclamar formalmente, APIA recomienda una labor de información previa, si bien entienden que "el eslabón más débil es el profesorado" y animan a las direcciones de los centros a que, como representantes de la administración, presionen a ésta para que "restablezca la legalidad".

El sindicato de Secundaria lamenta que a la Consejería "aparentemente no le preocupen los problemas legales en que pueden verse envueltos muchos directores". "Estamos comprobando la veracidad de algunas quejas que hemos recibido sobre algunos inspectores, que podrían estar presionando a los directores para que se cierren los horarios a sabiendas de que incumplen la legislación, pero a la vez se niegan a darles esas recomendaciones por escrito cuando los directores se lo piden para intentar salvar su responsabilidad", ha afirmado el presidente de APIA, Manuel Fernández, quien añade que su sindicato recomienda a la Inspección "cumplir con su función principal, que es velar por el cumplimiento de la legalidad, y no actuar de brazo ejecutor de la administración a cualquier coste".

Para ayudar al profesorado en sus reclamaciones, se ha puesto a disposición de todo el colectivo un formulario para que los profesores soliciten a los directores la notificación de los horarios por escrito. "Pensamos que en esta primera fase se solucionarán muchos horarios, porque los directores, que son funcionarios públicos, no pueden vincularse a entregar un horario ilegal a un trabajador", ha apostillado Fernández, quien añade que, en la práctica, esta situación sólo podrá solucionarse si la Consejería, "en vez de hinchar los presupuestos de la administración paralela, volviese a contratar a los más de 4.000 profesores de Secundaria que cesó en el año 2012".