Un total de 6.000 familias de Castilla y León afectadas por la inversión en plantas fotovoltaicas se ha sumado a la movilización social 'El Camino del Sol', promovida por la Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos (Anpier), para pedir un cambio en el modelo energético.

En colaboración con Greenpeace y con numerosas entidades de referencia del sector, como APPA, UNEF o la Fundación Renovables, esta campaña pretende impulsar una "transición rápida" hacia un sistema energético "basado en el uso de tecnologías renovables", para adaptarse a los objetivos marcados por la Unión Europea, según ha informado Anpier en un comunicado recogido por Europa Press.

Esta asociación llegará a Valladolid este jueves con una exposición itinerante ubicada en la Plaza Mayor, que se enmarca en la movilización social y cuyo objetivo es mostrar a los ciudadanos vallisoletanos la "importancia de invertir en energías renovables" y configurar un modelo energético "sostenible en lo económico y medioambiental".

Por la tarde, la asociación iniciará una marcha que comenzará a las 19.30 horas en el Polígono Industrial de Ponferrada (León) y culminará en la calle del Obispo Camilo Lorenzo, donde los afectados compartirán impresiones sobre su situación y analizarán los "avances realizados durante esta campaña de concienciación social".

Con el propósito de mostrar los "beneficios de apostar por las fuentes de energía limpia", además de concienciar sobre la "difícil situación por la que atraviesan numerosas familias que invirtieron en plantas fotovoltaicas", Anpier ha recorrido ya "casi todas las comunidades autónomas".

La recta final de la exposición itinerante concluirá en Galicia, donde está previsto que unos 1.500 afectados y allegados a esta causa se sumen a la iniciativa para realizar parte del Camino de Santiago como gesto simbólico de apoyo a la campaña 'Camino del Sol'. La marcha concluirá este domingo, 27 de septiembre, en la Catedral de Santiago de Compostela.

Reuniones con líderes políticos

A lo largo de esta campaña, Anpier se ha reunido con varios líderes políticos, como el presidente del Gobierno de Murcia, Pedro Antonio Sánchez López; el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, o la presidenta del Parlamento de Navarra, Ainhoa Aznárez, entre otros representantes políticos de formaciones como PSOE, PP, UPN, Ciudadanos, Podemos, etcétera.

A todos ellos se les ha planteado la revisión del modelo energético actual hacia una "apuesta mayor" por las energías renovables, que han calificado "esenciales" para garantizar un "mix energético eficiente", ya que "no sólo son fuentes respetuosas" con el medio ambiente, sino también "competitivas" en términos económicos.

Con esta movilización social, Anpier también ha planteado la situación de las "más de 62.000 familias españolas" que han invertido unos 20.000 millones de euros en plantas fotovoltaicas y que se han visto afectadas por el "cambio del modelo regulatorio y del sistema retributivo de primas, con carácter retroactivo".

En Castilla y León hay 6.000 familias afectadas, 1.200 de ellas de Valladolid, que a día de hoy generan cerca de 500 Megawatios, quienes decidieron invertir en este tipo de plantas que hoy suponen "un coste excesivo y casi inasumible para muchas de ellas".

Pequeños y medianos productores

El pequeño y mediano productor está formado por profesionales y asalariados de clase media que en un 26 por ciento, y según un análisis realizado por Anpier en 500 instalaciones entre 10 y 100 kilowatios, han confirmado anteponer "la seguridad a la rentabilidad", frente a un 10 por ciento que ha considerado "la rentabilidad como principal variable" para emprender la instalación.

Asimismo, el 60 por ciento ha afirmado que la "motivación ética" motivó su decisión de embarcarse en el desarrollo y generación de energía solar fotovoltaica.

Con la reforma del sector eléctrico, al cambiar "drásticamente la estructura de la amortización", el 100 por cien ha tenido que "refinanciar o soportar" los pagos mensuales con recursos propios. Esto ha obligado a aportar "garantías adicionales" a los bancos. Además, el 15 por ciento de los encuestados tienen mensualidades pendientes con las entidades bancarias que les financiaron.