La consejera de Educación y Cultura del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, ha afirmado este jueves que las lenguas que se hablan en la Comunidad Autónoma "deben convivir" con normalidad. Ha comparecido en sesión plenaria de las Cortes a petición de la diputada del PP María José Ferrando para dialogar sobre la política lingüística.

En su intervención, Mayte Pérez ha dejado claro que "Aragón cuenta con dos lenguas -minoritarias_expresadas en diversos dialectos que se han denominado, históricamente, aragonés y catalán".

Ha expuesto que el uso de las lenguas minoritarias ha sido reconocido internacionalmente como un derecho fundamental "imprescriptible", mencionando la Carta Europea de las Lenguas Regionales de 1992 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas.

Además, ha continuado, el Consejo de Europa lo considera un derecho humano, la Constitución proclama la voluntad de proteger a todos los españoles y el Estatuto de Autonomía establece que nadie podrá ser discriminado por razón de la lengua.

Pérez ha indicado que la Dirección General de Política Lingüística, cuyo titular de José Ignacio López Susín, se ha puesto en marcha "sin que suponga incremento presupuestario con toda la ambición que tiene y todas las propuestas en positivo".

Sus funciones son salvaguardar las lenguas minoritarias y hablas locales, difundirlas y dignificarlas, fomentar el uso progresivo por parte de la Administración, coordinar la política lingüística, garantizar la enseñanza del aragonés y el catalán respetando la voluntariedad, fijar la toponimia tradicional, promover su uso en los medios de comunicación e impulsar el uso social.

BANDERA

Ha criticado a quienes enarbolan "la bandera del fanatismo, del esperpento" y ha espetado a los populares que "consciente o inconscientemente alimentan" a los catalanistas. Según el INE, ha apuntado, 145.000 aragoneses hablan aragonés y catalán.

La parlamentaria del PSOE Margarita Périz ha preguntado al PP "en qué momento se ha hablado de cooficialidad desde el PSOE", remitiéndose a las declaraciones en las que su portavoz, Javier Sada, aseguró que su partido "nunca ha apoyado la cooficialidad del catalán". Ha apostado por volver a elaborar una ley de derechos.

La diputada de Podemos Amparo Bella ha propuesto implementar políticas de vertebración territorial que se construyan también desde la cultura, ha considerado que "tenemos que llegar a un pacto social" y ha celebrado la creación de la Dirección General.

En representación de CHA, Gregorio Briz ha defendido "ese tesoro inmaterial", que debe tener "la dignidad suficiente", como un derecho fundamental, lo que requiere "consenso social y político". Las lenguas minoritarias "están en peligro", ha agregado.

"Hay una demanda social de la lengua aragonesa" y es necesario alcanzar acuerdos, ha continuado Briz, quien ha pedido a los populares que reconozcan "la evidencia" y respeten la normativa.

"oscuros intereses"

María José Ferrando ha preguntado a la consejera "cuánto nos va a costar" la Dirección General y "qué oscuros intereses subyacen". "¿De qué palo están jugando?", ha preguntado la diputada, a cuyo juicio los responsables del Gobierno "pretenden convertir en oficiales la fabla y el catalán".

La parlamentaria del PP ha aseverado que la autodeterminación es un proceso que se desarrolla en cuatro tiempos: manipular la historia, buscar un hecho diferencial, convertir la educación en la vía de expansión y encaminar la acción política hacia la independencia.

La portavoz de C's, Susana Gaspar, ha dicho que la política lingüística es de "vital importancia" y ha pedido a la consejera que cuelgue la información sobre la Dirección General en el portal de transparencia del Gobierno autonómico.

"Dejemos que los ciudadanos se expresen en su lengua habitual y no limitemos el uso de ninguna lengua, dejemos de poner nombres peculiares a las lenguas que se utilizan en Aragón", ha planteado.

La parlamentaria del PAR María Herrero ha rechazado la apuesta del Gobierno por recuperar la normativa aprobada en 2009, señalando que aquella ley "fracturaba a la sociedad" y, además, "sus propios creadores la incumplieron".