Ahora Madrid propondrá al resto de grupos del Ayuntamiento de Madrid (PSOE, PP y Ciudadanos) la creación de una comisión de investigación y la celebración de un Pleno extraordinario por los sobrecostes generados con la construcción de la Caja Mágica. Así lo han asegurado este jueves en la misma instalación los delegados de Cultura y Deportes y Economía y Hacienda del Consistorio, Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato, que han explicado además que de manera paralela se están investigando las posibles responsabilidades políticas y administrativas que podría implicar la infraestructura impulsada por el exalcade Alberto Ruiz-Gallardón (2003-2011).

"Hay indicios de que la construcción fue anómala. Por un lado se contrata el edificio y luego la cubierta y se van haciendo agregados, obras complementarias", ha concretado Mayer. "Estamos investigando las responsabilidades asociadas a la construcción de la Caja Mágica, tanto en términos legales como administrativos y políticos", ha afirmado Mato, que ha desvelado que el 41% de los contratos asociados a la construcción superaron las cantidades previstas inicialmente.

La licitación de la Caja Mágica comenzó en 2004. El pabellón polideportivo iba a tener un coste de 140 millones de euros y la factura terminó ascendiendo a 294 millones, lo que supone un 110% más de lo presupuestado incialmente, un dato que también maneja el nuevo equipo de Gobierno. El arquitecto Dominque Perrault cobró 10 millones de euros por el proyecto.

La infraestructura se empezó a construir en 2006 y se inauguró en 2009. Fue considerada como la instalación estrella en los frustrados proyectos olímpicos de 2012, 2016 y 2020. Desde su puesta en funcionamiento, este extraordinario complejo deportivo sólo ha servido para acoger un torneo de tenis al año, algunos partidos de baloncesto del Real Madrid y convertirse en sede de la extinguida escudería española de Fórmula 1 HRT. Mantener la Caja Mágica, contando la seguridad, la limpieza y la jardinería, le cuesta a los madrileños un millón de euros al año.

Para investigar a fondo este asunto, a Ahora Madrid (20 concejales) le bastaría con el apoyo del PSOE (9), que está dispuesto a dar su apoyo a la comisión sobre la edificación si se le explican con detalles las razones. "Está claro que en la gestión del PP hay todo un mapa de despilfarros relacionados con la locura olímpica. Pero nos falta información. Queremos conocer más a fondo cuáles son las razones que han llevado a Ahora Madrid a realizar esta propuesta. Si esas razones son convincentes apoyaremos la comisión. En este tema siempre hemos apostado por la transparencia. También habría que esperar al resultado de la auditoría que hay en marcha para saber si hay indicios de delitos", ha asegurado a 20minutos Mar Espinar, portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos en el Consistorio, Begoña Villacís, no ve "inoportuna" ninguna comisión aunque primero habrá que ver "la letra pequeña" y siempre que no se pase su "línea roja", el pago de la deuda y su legitimidad.

El único que se opondría en principio es el Partido Popular, responsable de la infraestructura, que no ha aclarado su posición si se demuestra finalmente que hay indicios de delito. Sin embargo, los populares han exigido a Carmena que acuda "ya" a la Fiscalía si tiene pruebas de irregularidades y si no que deje de "sembrar sospechas infundadas". "Si tienen pruebas de alguna irregularidad que se dirijan ahora mismo a los tribunales. Que dejen ya de sembrar sospechas. Esa forma de actuación es más propia de regímenes políticos totalitarios", ha dicho el portavoz de la Comisión de Desarrollo Urbano Sostenible del Grupo Municipal del PP, José Luis Martínez-Almeida.

Por otra parte, en estos momentos el Gobierno municipal negocia extrajudicialmente con la constructora FCC el pago de una indemnización para solucionar el conflicto que mantienen desde 2011 ante la demanda interpuesta por la empresa. FFC reclamó en principio el pago de 45 millones de euros adicionales por la obra, aunque posteriormente la cantidad se redujo hasta los 33, según el Consistorio. Las negociaciones entre ambas partes van en buen camino y en unas tres semanas podría concluir el proceso de negociación. Entonces, el Ayuntamiento podría pagar a la empresa unos siete millones de euros para resolver el conflicto fuera de los tribunales, la cantidad pactada por el anterior Gobierno municipal.