UGT pide a la Junta negociar ya la devolución de la extra, las 35 horas y los días de disposición de empleados públicos

Acusa al Ejecutivo de engañar y de hacer una "farsa" de la devolución de derechos a empleados públicos
La secretaria de FSP-UGT, Carmen Ámez
La secretaria de FSP-UGT, Carmen Ámez
EUROPA PRESS
La secretaria de FSP-UGT, Carmen Ámez

UGT ha pedido a la Junta de Castilla y León que negocie ya la devolución inmediata de la parte correspondiente de la paga extra de 2012 que queda por hacer efectiva a los empleados públicos, la vuelta a las 35 horas semanales, el pago del salario total en las bajas laborales, el cien por cien de tasas de reposición y además reclama la ampliación del periodo para el disfrute de los días de libre disposición.

Así se ha expresado la secretaria general de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT en Castilla y León, Carmen Ámez, quien ha advertido de que estudian posibles movilizaciones de los empleados públicos ante lo que considera un "engaño", una "farsa" y discursos "retóricos y sin contenidos" del Gobierno central y autonómico en lo que se refiere a la negociación con los funcionarios.

Ámez, en declaraciones a Europa Press, ha recordado que el Gobierno ha transmitido "por activa, por pasiva y por perifrástica" que los empleados públicos iban a recuperar sus derechos, algo que ha asegurado que lo ha dicho "200 veces", al igual que ha reconocido que los "grandes perdedores" de la crisis.

En este contexto, ha recordado que con el "hachazo" de 2012 el Gobierno central no preguntó a las comunidades autónomas si su situación económica permitía llevar a cabo la reforma laboral, por lo que ahora exige que se haga lo mismo con los empleados públicos porque el Estatuto Básico de los Empleados Públicos es "para todos", tanto si se quita como si pone.

Por otro lado, además de asegurar que la forma de actuar con los empleados públicos es la "mayor mentira del PP", ha criticado la "incoherencia política" del Gobierno central en un momento en el que se debate sobre la unidad de España, ya que es el propio Ejecutivo el que crea "discriminaciones" entre las comunidades al dejar a su "albur" la devolución de los derechos económicos y sociales de los empleados públicos.

En la misma línea, considera una "farsa" lo que hace la Junta porque, a su juicio, no tiene "voluntad política" de devolver los "derechos hurtados" a los empleados públicos a pesar de decir que los iba a reintegrar, que el PP de Castilla y León no estaba de acuerdo con ciertas políticas del Gobierno central, que la Comunidad estaba en una mejor situación económica y que la recuperación era "la mayor" de las comunidades autónomas.

"Hasta que toca devolver", ha aseverado Carmen Ámez, quien ha acusado a la Junta de utilizar a los empleados públicos como "arma arrojadiza" para justificar su "incompetencia política" y ha censurado que a pesar de que el Gobierno de Castilla y León reconozca que los funcionarios han sido los que han "pagado" la crisis, "cuando se trata de devolver lo hurtado dilatan la negociación, que debía ser rápida, eficaz y eficiente".

Negociación concreta

Por ello, han pedido "lealtad" con los empleados públicos y ha criticado al consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, porque en una primera reunión de negociación con los sindicatos ha entregado un documento sobre las propuestas a debatir, con un primer punto "incuestionable" en la que se habla de la retirada de las medidas derivadas de las "restricciones presupuestarias" por la crisis, pero en la segunda, celebrada este 23 de septiembre, debería saber "de qué dispone" en la mesa y "cómo lo puede hacer".

Sin embargo, Ámez ha censurado que la Junta dijera que "tienen que mirar" si la devolución de estos derechos supone déficit para la Comunidad, por lo que ha reiterado su petición de "lealtad" y que se "dignifique" a los funcionarios con el reconocimiento de su trabajo y la devolución de derechos y no "con campañas".

Así, entre las medidas que UGT reclama está la ampliación del plazo para poder disfrutar de los días de libre disposición, que finaliza el 31 de enero, para que sea hasta finales de marzo, al igual que en la Administración General del Estado, pero además ha criticado que la Junta pretenda hacerlo a costa de no hacer sustituciones, lo que cree que es un "atrevimiento".

Además, ha reclamado la aplicación de nuevo de la jornada de 35 horas, ya que ha asegurado que la Junta tiene capacidad para hacerlo, la retribución del cien por cien del salario en las bajas y la devolución inmediata del 26,23 por ciento de la paga extra de Navidad de 2012 que falta por hacer efectiva, algo que el Gobierno central hará con los empleados de la Administración General del Estado en la nómina de incidencias de septiembre.

A este respecto, ha señalado que la Junta se ha "acostumbrado" a tener que arbitrar recursos económicos para pagar las sentencias que ganan los trabajadores, por lo que ha reclamado que se haga lo mismo con esta paga, que puede supone una devolución media de unos 80 euros a cada empleado público.

Ante esta situación, la responsable de UGT ha advertido de que se trasladará a los trabajadores la situación que hay con la Junta para analizar posibles movilizaciones y reivindicar estas cuestiones, junto con las tasas de reposición del cien por cien, que considera que es la "única forma" de tener unos servicios públicos de calidad. Por ello, además de con los trabajadores, contactará con el resto de organizaciones sindicales.

Ámez ha pedido "menos retórica" y "más efectividad" con los empleados públicos porque otras cuestiones que la Junta propone como acuerdos como la mejora y modernización de la función pública pueden tener más tiempo de negociación y ha incidido en que muchas de las peticiones que se han hecho desde los sindicatos no conllevan "en absoluto" una carga económica.

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