La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tiene previsto abordar en su reunión de este jueves la petición que le realizó el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que elaborara un nuevo informe sobre el plan de trabajo aprobado el pasado mes de junio para el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que instruye causas como la de los ERE fraudulentos o las irregularidades en cursos de formación.

Fuentes del órgano de gobierno de los jueces ya explicaron a Europa Press que la petición realizada al Alto Tribunal andaluz obedece a que la magistrada titular del Juzgado, María Núñez Bolaños, acordó con posterioridad a la aprobación del citado plan de trabajo —por medio de un auto dictado el 30 de julio— la división en piezas separadas del caso de los ERE, algo a lo que se había opuesto reiteradamente la juez Mercedes Alaya.

La instrucción de la causa de los ERE irregulares tramitados por la Junta de Andalucía había sido atribuida inicialmente a la magistrada Mercedes Alaya —que actualmente ocupa una plaza en la Sección Séptima Audiencia Provincial de Sevilla en espera de que se resuelva sobre dicho plan de trabajo— hasta que la propia Audiencia Provincial de Sevilla resolviera sobre dicha división.

Por ello, el CGPJ quiere saber si, en opinión del TSJA, la decisión de Núñez Bolaños afecta al plan de actuación previamente acordado y avalado, según las mismas fuentes.

El pasado 30 de julio, la juez Núñez Bolaños aceptó la petición realizada el 18 de junio por la Fiscalía Anticorrupción y acordó dividir en tres grandes bloques la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares.

La juez Núñez Bolaños tomó su decisión sin esperar a que el CGPJ ratificara definitivamente el plan de actuación aprobado por el TSJA, por el que se asignó a Alaya el caso de los ERE irregulares y el delito societario de Mercasevilla, y a María Núñez Bolaños la instrucción de las restantes 'macrocausas', como son las irregularidades en los cursos de formación y los avales y préstamos concedidos por IDEA

Así, la juez Núñez ha dividido la causa en tres grandes bloques, como son uno relativo al procedimiento específico por el que se concedían las ayudas; otro bloque con las sobrecomisiones cobradas por las aseguradoras y los sindicatos en la tramitación de las ayudas, y un tercer bloque no inferior a 200 piezas, una por cada ayuda sociolaboral o directa a empresas.