El portavoz del Grupo Podemos en la Asamblea Regional, Óscar Urralburu, ha calificado este miércoles de "temeraria y débil" la propuesta que le ha presentado el consejero de Fomento, Francisco Bernabé, para la llegada del AVE a Murcia. A su juicio, "la solución no creo que esté tan cerca como se plantea desde el Gobierno regional y Ciudadanos".

"La reunión responde a lo que estamos acostumbrados en la Región en lo que podemos considerar una política de ficción, una distancia entre la política del deseo y la política de la realidad", ha manifestado Urralburu.

Y es que, ha afirmado, esta propuesta "se basa fundamentalmente en dos llamadas al Ministerio y ADIF y que exigen mucha inversión implementada no solo en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo año, sino en los propios presupuestos de la Comunidad y el Consistorio murciano".

En esta propuesta, que contiene siete puntos, Urralburu ha confesado que ha visto cuestiones que "quedan sin determinar y que modifican contratos, acuerdos, publicaciones en el BOE, que modifica obras que ya están en funcionamiento, incluso expropiaciones ya publicadas en el BOE".

Por ello, considera que "frente a ese papel que ofrece Bernabé tenemos el papel oficial del BOE que publica adjudicaciones, declaraciones y obras por más de 50 millones". De manera que, ha continuado, "vemos que es difícil hacer creíble esta propuesta y, sobre todo, porque se basa en una primera cuestión que no vemos clara, un informe de la Abogacía del Estado por el cual la actuación de la Fiscalía se pone en cuestión".

"Un informe que Bernabé dice que no lo tiene, cuando lo tiene ADIF, por lo que no entendemos como puede hablar con ADIF para modificar un proyecto que implica tantos millones de euros y es incapaz de pedirle el informe de la Abogacía del Estado", ha cuestionado Urralburu.

Todo ello responde, ha manifestado, a una "operación de carácter político, un movimiento para desactivar las mociones que tenemos presentadas este jueves tanto en la Asamblea Regional como en el Ayuntamiento".

No obstante, se ha comprometido a estudiar en profundidad este documento y ver si es "viable y creíble". "Somos muy escépticos y consideramos difícil que un papel con estas características y voluntades pueda sustituir contratos que implican más de 50 millones de euros, a empresas como ADIF y centenares de afectados", ha advertido.