La consejera de Hacienda y Sector Público, la socialista Dolores Carcedo, ha abogado este miércoles por incrementar los márgenes de autonomía fiscal actuales, en un contexto de armonización fiscal en el que "se ponga fin" a las competencias fiscales entre territorios. Su objetivo sería lograr un "buen sistema de financiación" basado en una "base tributaria sólida" estatal.

Carcedo ha comparecido en la jornada de este miércoles en la Comisión de Hacienda y Sector Público para explicar las líneas de actuación de su departamento de cara a la presente legislatura en la Junta General. Durante su exposición, ha reivindicado la negociación de un nuevo modelo de financiación y el fortalecimiento del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI).

Este último debe ser, según la consejera, "una herramienta fundamental para corregir las desigualdades de renta y riqueza entre los territorios y dar cumplimiento efectivo al principio de solidaridad contribuyendo a financiar en cuantía suficiente inversiones productivas en los territorios menos desarrollados".

"El modelo de financiación autonómica y el Fondo de Compensación Interterritorial constituyen dos instrumentos clave para garantizar el equilibrio territorial de nuestro país", ha apuntado. En lo relativo a la financiación autonómica, Carcedo ha llamado a todas las fuerzas políticas asturianas a "defender a una" los intereses de la comunidad. Para ello, su consejería volverá a reunir, a principios de octubre, a la Mesa de estudio y valoración de la financiación autonómica constituida en 2014, en la que se concluyó que el modelo actual "aporta recursos insuficientes para la financiación de las necesidades de Asturias, no alcanzando siquiera para la cobertura de los servicios fundamentales".

Se trata, ha dicho, de un modelo complejo que presenta "resultados aleatorios" y "obvia o infravalora" elementos fundamentales para el Principado como son la dispersión, el envejecimiento o los costes fijos. Tras la actualización de la evaluación del modelo de financiación, Hacienda convocará a los actuales parlamentarios asturianos para evaluar nuevamente la situación.

Apuesta por una "política fiscal progresiva"

Como ya había anunciado el Gobierno con anterioridad, de cara a esta legislatura el Principado se compromete a "revisar" el impuesto de sucesiones y donaciones a fin de hacerlo "más justo" en el marco de una política fiscal "progresiva". Igualmente, desarrollarán el reglamento del impuesto sobre afecciones ambientales del uso del agua e impulsarán la "necesaria" Ley de Tasas.

En el marco de la política fiscal, Hacienda iniciará una "lucha tenaz" contra el fraude fiscal, mediante la definición de una serie de medidas de control de los tributos encaminadas a la detección de las bolsas de fraude y a la exigencia de cumplimiento de las obligaciones a todos los contribuyentes.

Según ha explicado Carcedo, las áreas prioritarias de actuación se plasmarán anualmente en el Plan de Control y en los Planes Anuales de Inspección. Con ello se potenciará la puesta en marcha de controles específicos en todas las áreas, la detección de prácticas de fraude a través de cruces masivos de información y se prestará una "especial atención" a las posibles deslocalizaciones de contribuyentes o las prácticas de ocultación de bienes con el fin de evitar el pago de impuestos.

Nuevas leyes

Durante su discurso, la titular de Hacienda ha adelantado que su equipo impulsará tres proyectos de ley. En primer lugar, impulsarán una nueva Ley de Patrimonio a finales de 2016 que sirva como "instrumento útil" a las necesidades cambiantes de la gestión patrimonial y regule, entre otras cuestiones, el arrendamiento, la explotación temporal de inmuebles del Principado, los procedimientos para desechar, destruir o ceder material inservible, y los bienes muebles, como paso previo a su inventario.

En segundo lugar, se tramitará una Ley que regule la organización, funcionamiento y régimen jurídico del conjunto del Sector Público para continuar con la reordenación y reestructuración del sector público autonómico iniciada en la pasada legislatura.

Finalmente, el Ejecutivo autonómico articulará, desde la Consejería de Hacienda, una Ley de Régimen Local del Principado de Asturias que actualice las estructuras administrativas locales para hacerlas "más eficientes" en la prestación de los servicios y modernice los sistemas de gestión para responder a las nuevas exigencias en transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas.

La Ley pretende responder a una concepción municipalista, que apueste por una prestación de servicios próxima al ciudadano y que garantice un nivel de servicios igual en el territorio.

En otra línea de actuaciones, Hacienda contempla realizar nuevas inversiones en infraestructuras, siendo de "inminente licitación" el proyecto de adecuación de la antigua sede judicial de Gijón de la calle Juan Carlos I para convertirla en edificio administrativo del Principado. Igualmente se rehabilitará la sede de la Consejería de Educación en la Plaza de España de Oviedo y se colaborará con Presidencia para elaborar el Plan de Infraestructuras Judiciales 2015-2025.